El Ministerio de Justicia ha presentado tres herramientas informáticas, todavía en pruebas, que serán aplicadas a partir de enero de 2020 en los distintos órganos judiciales con el objetivo de facilitar, mediante el ahorro de tiempo y energía, el trabajo de jueces y fiscales.
En un acto en la sede ministerial, el secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, y la directora general de Modernización de la Justicia, Sofía Duarte, han dado a conocer la Calculadora 988, la firma manuscrita con tinta digital y una herramienta que transforma en texto las grabaciones de lo declarado ante los tribunales.
El primer instrumento es una calculadora electrónica capaz de sumar al momento, una tras una, las sentencias condenatorias que pesan sobre una persona para establecer cuánto tiempo deben cumplir en la cárcel, y viene a sustituir el conteo a mano tradicional, explica Efe.
La firma digital permitirá a los ciudadanos rubricar cualquier documento cuando sean citados en una comparecencia, mientras que la aplicación de texto pondrá por escrito a disposición de jueces, fiscales y abogados el desarrollo oral de un acto en sede judicial.
Dolz ha hecho hincapié en el ahorro de «energía intelectual» que supondrá para los jueces tener a mano este nuevo paquete de aplicaciones, en especial a la hora de calcular con precisión, sin hacer ya «la cuenta de la vieja», la pena de cárcel que un preso con varias sentencias acumuladas ha de cumplir.
Con experiencia como fiscal en el Tribunal Supremo, Dolz ha recordado que durante las revisiones de actos llegó a descubrir «prolongaciones indebidas de prisión», una circunstancia que suponía «un auténtico quebradero de cabeza» porque eran numerosos los casos en los que se vulneraba «el derecho fundamental a la libertad».
Por su parte, la responsable del área de Modernización ha aprovechado la breve explicación de cada una de las aplicaciones para resaltar que, si bien estas novedades no sustituyen a los modos comunes de trabajar en la carrera judicial, sí servirán de «auxilio» a los juzgados, fiscalías y demás funcionarios de la Administración.
Duarte ha invitado a las comunidades autónomas que tienen transferidas las competencias en materia de justicia para que se sumen a este proyecto del Ministerio.
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