La Comisión Europea ha emitido este miércoles su dictamen sobre el plan presupuestario para 2020, que el Ejecutivo remitió a Bruselas a mediados de octubre, en el que, como ya avanzó en una carta de valoración preliminar, le conmina a realizar esfuerzos adicionales para compensar el alza de gasto, seguir reduciendo el déficit y contener la deuda pública. De hecho, el informe presentado por Pierre Moscovici, comisario de Asuntos Económicos, indica que la reducción de la deuda pública debería ser «la prioridad» de España.
El documento insta al país, así como a Bélgica, Francia e Italia, a aprovechar «el bajo coste de los tipos de interés» de la actualidad para reducir su elevada deuda pública. De hecho, según avanzó este miércoles El País, Bruselas considera que España debería destinar a este cometido cualquier ingreso extra que logre en el futuro.
Aunque, durante la rueda de prensa, el comisario ha avanzado que Alemania va a ser el único país con un nivel de deuda por debajo del umbral del 60% que la UE considera prudente, los niveles de España y el resto de países citados son especialmente preocupantes para la Comisión Europea.
La deuda pública española cerró septiembre en el 97,72% del PIB, lo que según el Ministerio de Economía es compatible con cerrar el ejercicio en el entorno del 96% pero está por ver que esa corrección se logre y los niveles siguen siendo excesivamente elevados para encarar nuevas turbulencias económicas, viene alertando Bruselas.
El plan presupuestario remitido por el Gobierno en funciones apenas un mes antes de las elecciones del 10N incluía una revisión a la baja del crecimiento económico previsto en una décima tanto para 2019, al 2,1%, como para 2020, al 1,8%. Aunque el grueso de las casas de análisis consideró optimistas estas previsiones, que prácticamente solo tenían en cuenta el efecto de la revisión estadística del tamaño del PIB que acaba de hacer el INE, a Bruselas le preocupan más otros indicadores que la paulatina desaceleración, teniendo en cuenta que el país sigue creciendo muy por encima de sus vecinos.
Así, el plan presupuestario mantenía el objetivo verbal del Gobierno de cerrar 2019 con un déficit en el entorno del 2% pero elevaba el agujero fiscal del 1,1% al 1,7% en 2020, lo que ha justificado por la ausencia de nuevas medidas de ingreso que supone no contar con un Ejecutivo en firme ni unos nuevos Presupuestos Generales diseñados. Algo con lo que Bruselas se muestra comprensiva, habida cuenta las dos elecciones generales celebradas este año, pero considera que el Parlamento debe abordar con urgencia para volver a adoptar medidas de prudencia económica.
Del mismo modo, el Gobierno empeoró su previsión de deuda pública hasta el 95,9% este año, una décima más de lo anteriormente previsto, y en seis décimas más el objetivo de 2020, estimado en el 94,6%. Una semana después de recibir el plan español, Bruselas ya recriminó al país el “riesgo de significativa desviación” de sus objetivos fiscales, haciendo especial hincapié en que el déficit estructural (que no tiene en cuenta los efectos del ciclo económico) solo se rebajará un 0,1% frente al 0,65% que se le pedía.
Más allá, la misiva afeaba al país que avanzara un alza del gasto público del 3,8% frente al límite recomendado del 0,9%. Hay que tener en cuenta que el plan presupuestario no recogía nuevas medidas de ingresos, pero sí comprometía un alza de la inversión de 4.700 millones para mejorar las pensiones y los salarios públicos en 2020.
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