Según los datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), 2018 acabó con los tribunales un 2,7% más congestionados que el año anterior. Los asuntos resueltos bajaron un 1,4%, mientras que entraron en el sistema un 1,7% más. Los casos pendientes de resolver ascendieron más de un 9%.
A la clásica cita “la justicia tardía no es justicia”, hay que añadir una segunda derivada: el impacto negativo que esta lentitud tiene en la economía. Juan S. Mora-Sanguinetti, economista, abogado e investigador del Banco de España, ha constatado en numerosos informes el efecto económico del funcionamiento de la justicia.
Una de las conclusiones de su último estudio (Quality of enforcement and investment decisions. Firm-level evidence from Spain) fue que la congestión judicial tiene un impacto negativo en la tasa de inversión de las empresas. En concreto, explica, junto a Daniel Dejuán, coautor del texto, que “una disminución de 10 puntos porcentuales en la congestión aumentaría, en promedio, las decisiones de inversión en aproximadamente un 0,1%”. Y esto no es todo. Los expertos aseguran que una mayor eficacia del sistema judicial ampliaría el crecimiento y el tamaño de las empresas españolas y favorecería la llegada de nuevas sociedades.
Por ejemplo, según explica Mora-Sanguinetti en el estudio Assessing the impact of the institucional framework on the efficiency of the spanish economy, “el tamaño medio de las empresas en España podría ser entre un 0,6% y un 2,8% mayor si los sistemas judiciales de cada provincia convergieran con la mejor práctica”. Como consecuencia, también su crecimiento anual aumentaría entre 1,1 y 2,8 puntos porcentuales y llegarían entre un 8,8% y 9,5% más de entidades a la región. En esta línea, la eficiencia judicial impulsaría el emprendimiento entre un 5% y un 7%.
Otro resultado es que un sistema más rápido y práctico elevaría la disponibilidad de crédito en relación al PIB local. “Si mejorara un punto la tasa de liquidación judicial, se incrementaría un 0,32% la tasa de crédito/PIB en España”, afirma Mora-Sanguinetti en su estudio. Precisamente, uno de los talones de Aquiles de nuestro sistema judicial está en la fase de ejecución de las sentencias (cuando el juez obliga al responsable el pago forzoso de la deuda). El 62,6% no se ejecutaron en 2018, según el Observatorio de la Actividad Judicial.
Según el último estudio de la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia (Cepej), el Estado español invirtió 79 euros por habitante para el sistema judicial, cifra superior al promedio europeo de 64 euros, pero lejos de países como Alemania, con 122, o Suecia, con 118. Este grado de inversión (que algunos insisten en que es muy bajo) no impide tener que hacer frente a otros sobrecostes que genera el mal funcionamiento de la Administración.
Solo en 2018, el Ministerio de Justicia tuvo que abonar a los afectados que le demandaron por el colapso de la justicia casi dos millones de euros en concepto de indemnizaciones por el “anormal funcionamiento” de juzgados y tribunales. Por dilaciones indebidas de los procedimientos pagó 425.700 euros en 25 expedientes abiertos, un 22% del total de las compensaciones. Asimismo, de los escritos de reclamaciones y denuncias a Justicia el pasado año, los relativos al funcionamiento de los juzgados y tribunales fueron más de 8.000, casi el 70% del total de las quejas.
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