Desde Economía ven preciso aprovechar las actuales tasas de PIB para emprender reformas económicas que prolonguen el ciclo alcista sin descuidar la cohesión social y mientras se trabaja en la reducción del déficit y la deuda pública.
Para ello, el actual Ejecutivo en funciones aspira a poner en valor el trabajo realizado durante este año y medio y utilizar las iniciativas ya avanzadas en su hoja de ruta a seguir en política económica, la denominada Agenda del Cambio.
Economía ha realizado así un primer seguimiento de los avances obtenidos en este tiempo en materia de la Agenda del Cambio, vertebrados en varios ejes: la reformulación del sistema fiscal para adecuarlo al siglo XXI, la mejora de la educación, la transición ecológica, la reforma del mercado laboral en busca de mayor eficiencia, la reducción de las desigualdades y la protección del Estado del bienestar, la búsqueda de una Administración más eficiente y el impulso a la ciencia y las nuevas tecnologías.
En este primer análisis, presentado el pasado mes de septiembre en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, ya con el Gobierno en funciones, se constata que el Ejecutivo ha puesto en marcha casi un centenar de medidas (97), que se concretan en proyectos y anteproyectos de ley, planes estratégicos, planes nacionales, etc. Un análisis que prevé realizar cada seis meses.
Algunas de ellas, como las nuevas figuras fiscales planteadas por el Ejecutivo –tasa Tobin y tasa a las tecnológicas– decayeron con la convocatoria de comicios del pasado 28 de abril, así como la subida del tipo marginal del IRPF para las rentas altas y las modificaciones en Sociedades incluidas dentro del Proyecto de Ley de Presupuestos que fue tumbado en el Congreso.
Otras de las iniciativas formaron parte de los denominados viernes sociales, como la ampliación progresiva del permiso de paternidad; la rebaja de 55 a 52 años para el acceso a la prestación para mayores desempleados; la reforma que regula los contratos de alquiler, o el plan de lucha contra el fraude en la contratación, a las que se suma la trasposición de 14 directivas europeas a la legislación española, sobre las que pesaba la amenaza de sanción, como es el caso de la hipotecaria. Previamente se aplicaron otras iniciativas como la subida del salario mínimo interprofesional o el incremento de las pensiones para este año.
Más allá, fuentes de Economía ponen en el punto de mira reformas que quedaron pendientes en este año y medio, como la de las pensiones, la modificación de los aspectos más lesivos de la reforma laboral, la ley para hacer frente al cambio climático o la reforma educativa. En materia laboral, el documento insiste en la necesidad de elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores que responda al elevado desempleo estructural y a la persistente segmentación y precariedad, si bien no hace ninguna referencia a elementos que destacó con la puesta en marcha de la Agenda del Cambio como la aplicación de la mochila austriaca desde 2020 –que el Gobierno aspira a aplicar– o la limitación del número de contratos a solo tres tipos, que figuraban entre las aspiraciones iniciales presentadas en febrero.
Además, prevén adoptar medidas concretas en línea con las recomendaciones realizadas esta primavera por la Airef sobre diversas como las políticas de empleo o las ayudas a la industria.
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