Christine Lagarde ha estrenado la presidencia del Banco Central Europeo alertando de los riesgos que puede suponer para la estabilidad del sistema financiero, la concesión de crédito y la economía, la creación de impuestos específicos a la banca concebidos para sufragar los posibles costes de su rescate. Así lo recoge una reciente valoración, de las primeras firmadas por Lagarde, en torno al efecto que podría tener la subida de un tributo eslovaco de este tipo, muy similar en espíritu al que Unidas Podemos planteaba en su programa electoral y que podría tratar de impulsar si sale adelante el Gobierno de coalición que ha pactado con el PSOE.
El impuesto eslovaco, cuyo propósito declarado es cubrir los costes derivados de resoluciones de entidades del sector, imponía a los bancos del país y a las filiales extranjeras que allí operan un gravamen especial del 0,2% sobre su pasivo en balance entre los años 2017 y 2020, que se rebajaría al 0% en 2021. De la base imponible, eso sí, debían deducirse los fondos propios de la entidad, su deuda subordinada y el valor de los recursos financieros proporcionados a largo plazo a sucursales de bancos extranjeros.
A comienzos de noviembre, sin embargo, el ministro de Finanzas eslovaco remitió al BCE un proyecto de ley que suponía incrementar la tasa al 0,4%, sin fijar límite temporal alguno, para que la medida fuera valorada por el supervisor. El Gobierno del país aspira a ingresar 130 millones de euros en 2020 con la medida.
En su análisis, el BCE establece en primer lugar que los impuestos a la banca deben cumplir un doble objetivo: hacer más equitativo el reparto de la factura de las crisis financieras entre el contribuyente y el sector, de un lado; y contener los riesgos que plantean, de otro. A partir de ahí, el escrito de Lagarde pide a Eslovaquia “una separación más clara entre la cuenta extraordinaria creada para la recaudación de esta tasa y los recursos presupuestarios” del país. “El uso de los ingresos de cualquier tributo ad hoc impuesto a los bancos para fines presupuestarios generales sería indeseable”, pues podría establecer cargas indebidas sobre el sector “obstaculizando la provisión de crédito, con un efecto negativo en el crecimiento de la economía real”, alerta, instando también a “evitar su uso” para reducir el déficit sufragando la consolidación fiscal
Más allá, el BCE reclama mayor transparencia en la aplicación práctica de los recursos obtenidos con el impuesto a los bancos a fin de “evitar duplicidades”, dado que estos ya costean un fondo de resolución y el Fondo de Garantía de Depósitos. Finalmente, el supervisor subraya que, pese a que el proyecto de ley mantiene que el objetivo de la tasa es velar por la fortaleza del sector, un incremento “podría tener consecuencias adversas involuntarias y materiales sobre la estabilidad financiera”. “Los ingresos por recaudación ya constituyen una parte significativa de las ganancias bancarias”, argumenta, por lo que un alza de la tasa “podría afectar desproporcionadamente a la rentabilidad del sistema bancario”, sometido ya a fuertes tensiones por los bajos tipos de interés.
Bajo esta premisa, el BCE teme “consecuencias negativas para la generación interna de capital” y la concesión de préstamos. El supervisor subraya además que eliminar el límite temporal de vida de este impuesto es especialmente delicado porque supondría dejar a los bancos sujetos al gravamen incluso en periodos de crisis.
Salvando las distancias, es de prever que un dictamen del BCE sobre la propuesta tributaria de Podemos no se alejase demasiado de esta valoración. El partido que lidera Pablo Iglesias incluía en su programa electoral del 10N la creación de un gravamen a la banca para “recuperar los 60.000 millones del rescate bancario”. Proponía, para ello, establecer un incremento de 10 puntos porcentuales sobre el gravamen del impuesto de sociedades aplicado a la banca, que pasaría del 30% actual al 40%. Al contrario del caso eslovaco, eso sí, Podemos limita la duración de la medida a una década, periodo en el que considera –de forma optimista– que podría recuperarse el monto público del rescate a la banca.
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