El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) alabó ayer los avances de España en la lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo y las armas de destrucción masiva. Su sistema de prevención ha resultado uno de los mejores de la evaluación internacional en marcha desde 2014 y aún inconclusa en varios países.
GAFI, sin embargo, insta a España a mejorar sus sistemas de control sobre entidades sin ánimo de lucro, así como la inmediatez en el bloqueo de cuentas sospechosas identificadas por la Organización de Naciones Unidas (ONU). Un aspecto, este último, en el que el equipo en funciones del Ministerio de Economía ya trabaja, diseñando una ley que acelere los trámites.
El problema radica en que cuando el Consejo de Seguridad de la ONU emite una resolución identificando a un presunto terrorista, por ejemplo, el bloqueo de las cuentas bancarias de este en España se demora “entre tres y cuatro días” hasta que la orden es tramitada por la Unión Europea. “Es un sistema garantista. Las entidades financieras están pendientes y revisan las listas de la ONU, el problema es que no hay obligación jurídica para aplicar” el bloqueo de la cuenta, hasta que la Unión Europea la recoge en un reglamento propio que sí es de aplicación directa, explican fuentes del Ministerio de Economía.
“Queremos poner en marcha que esa obligatoriedad sea inmediata de manera transitoria” desde el momento en que la ONU emite sus resoluciones hasta que se hace efectiva en la UE por mandato de Bruselas, avanzan desde el Ministerio. El problema, reconocen en Economía, radica en que este tipo de norma tiene que tener rango de ley. Eso ha complicado el proceso porque requiere de un Parlamento constituido, con el que no se contaba hasta esta semana, que gestione un proyecto de ley del Gobierno, que de momento sigue operando en funciones.
Más allá, GAFI demanda a España “una mayor cooperación y coordinación entre las más relevantes autoridades investigadoras y las autoridades responsables de la supervisión y monitorización de las organizaciones sin ánimo de lucro”, recoge el informe de GAFI.
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