El Ministerio para la Transición Ecológica ha remitido a la CNMC para su informe sendas propuestas de órdenes ministeriales por las que se prorrogan para 2020 los actuales peajes y cargos de la electricidad y los peajes y cánones de gas natural y del almacenamiento de gas, respectivamente. Se trata de la primera vez en la historia que se aprueba una prórroga de las tarifas de acceso que pagan todos los consumidores y representan una parte importante de sus facturas del gas y de la luz (aproximadamente la mitad en este caso).
Se trata de un régimen transitorio, según el cual, los consumidores pagarán desde el 1 de enero las tarifas que han estado vigentes en 2019. No se trata exactamente una congelación de los peajes, sino “una mera prórroga”, que, según distintas fuentes, podría prolongarse casi todo el año que viene. De hecho, el texto no incluye previsiones de ingresos y costes.
La decisión de la prórroga responde al trasvase de competencias del ministerio a la CNMC, que entró en vigor el pasado enero con el Real Decreto Ley 1/2019 y que, por la premura de tiempo, aún no ha podido tomar forma legal. Según dicha norma, el organismo supervisor debe establecer las metodologías y valores de las retribuciones y peajes de las redes de transporte y distribución de electricidad y, una vez aprobadas esas fórmulas, será también el encargado de fijar los peajes de acceso a las redes, que se revisan cada mes de enero. Otro tanto ocurre en lo referente a las retribuciones de los peajes del transporte (gasoductos de la red troncal) y la distribución de gas natural (red secundaria) y las plantas regasificadoras.
Por su parte, Transición Ecológica tiene pendiente la elaboración de las metodologías de los llamados cargos de la electricidad y del gas. Los cargos son los costes ajenos a los estrictamente regulados (redes) que, hasta ahora, figuraban como peajes y que la normativa europea obliga a distinguir y separar. Se trata, por ejemplo, de los incentivos a las energías renovables, la amortización de la deuda eléctrica o las subvenciones a los sistemas extrapeninsulares que se confundían hasta ahora con los verdaderos peajes. Estos financian las redes y los cargos, el resto.
Al no tratarse de costes regulados (estos dependen de la CNMC) los cargos son competencia del Gobierno. Sin embargo, España tiene aún pendiente de aprobar una metodología para la asignación adecuada de estos costes a los consumidores.
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