La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha disparado un 112% el volumen de multas impuestas a las empresas en el último año hasta alcanzar 471 millones de euros. Así se desprende de los comunicados que ha ido realizando a lo largo del año Competencia para informar sobre las compañías sancionadas.
De esta forma, el organismo presidido por José María Marín Quemada ha más que duplicado el montante de las multas impuestas en 2018 (222 millones) y ha cerrado 2019 como el segundo año con mayor volumen en el último lustro, solo superado en 2015 cuando las multas sumaron 607 millones. A partir de entonces, la CNMC aflojó en la cantidad de multas impuestas (en 2016 cayó a 240 millones y en 2017 bajó de nuevo hasta los 155 millones).
Estas cifras relativas al volumen de sanciones anuales se han calculado a partir de los comunicados realizados a lo largo de cada año por la CNMC, y no coinciden con la cifra que figura en su memoria anual. Fuentes del organismo supervisor señalaron que algunas de las multas que se comunicaron en las notas de prensa no corresponden exclusivamente a conductas que violan la Ley de Defensa de la Competencia, ya que “la CNMC también impone multas en aplicación de la ley de telecomunicaciones, de la ley de energía y de la ley del servicio postal”. Además, algunas sanciones que corresponden a colegios profesionales o a un ámbito regional y local, “son impuestas desde la CNMC, pero la instrucción se lleva a cabo desde la autoridad regional”.
En 2019, la multa más alta (118 millones) correspondió a 15 empresas por formar un cártel para repartirse los concursos de Adif. Según detalla la CNMC estas empresas (Cobra, Siemens, Elecnor, Semi, Inabensa, Alstom, Isolux, Cymi, Comsa, Electren, Neopul, Citracc, y Eym) concertaron acuerdos durante ocho años (entre 2008 y 2016) y se repartieron 24 licitaciones para la construcción y mantenimiento de la electrificación del AVE. Los contratos adjudicados al cártel ascendieron a 837 millones.
Igualmente destaca la sanción de 80,6 millones de euros a ocho empresas de la industria láctea (Asociación de Empresas Lácteas de Galicia, Calidad Pascual, Central Lechera de Galicia, Corporación Alimentaria Peñasanta, Danone, el Gremio de Industrias Lácteas de Cataluña, Grupo Lactalis Iberia, Nestlé España, Industrias Lácteas de Granada y Schreiber Food España) por “intercambiar información que permitía coordinar estrategias comerciales en detrimento de los intereses de los ganaderos, a los que impedían fijar sus precios.
A pesar de las altas cantidades impuestas cada año la CNMC no llega a cobrar el total del importe de las multas ya que las empresas sancionadas pueden presentar alegaciones, primero ante la Audiencia Nacional y después ante el Tribunal Supremo para recurrir la multa. De esta forma, da comienzo un proceso judicial que se puede dilatar entre ocho y diez años hasta que el pago de la multa se hace efectivo.
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