La recomendación de los bancos de inversión es clara: si hay operaciones de compraventa sobre la mesa, hay que acelerarlas para que el cierre se produzca en 2019 porque la situación fiscal en 2020 puede ser muy distinta a la actual. La diferencia entre vender una compañía el 31 de diciembre o dejarlo para el 1 de enero puede implicar una sustancial merma de ganancias, alertan fuentes de varias entidades.
Los empresarios han recogido el guante. «Hay negociaciones en las que se ha puesto como condición que la venta tiene que producirse en 2019 o que las conversaciones se rompen», aseguran estas fuentes. Otras han pisado el acelerador en la toma de decisiones y en el papeleo para que todo esté listo antes de que suenen las campanadas de Nochevieja, añaden.
La diferencia entre las prisas actuales y la situación de hace unos meses es más notable porque las operaciones corporativas se habían ralentizado este año en España, sobre todo a la hora de tomar la decisión final de compra y negociar el precio. Los propietarios están urgiendo ahora a que esos plazos se reduzcan.
Todo ello, por el temor a subidas de impuestos el año que viene. «Si hay un nuevo Gobierno liderado por el PSOE y Unidas Podemos, va a cambiar la fiscalidad», explican fuentes del sector financiero. «Aunque no haya modificaciones en marcha en este momento, hay un año entero de plazo en el que las variaciones afectarán a las ganancias que consigan los vendedores». El foco de incertidumbre se centra en dos figuras impositivas: las plusvalías o impuestos sobre las rentas de capital en el IRPF y el régimen de tributación de las sociedades holding.
El primero afecta a las compañías que están en manos de particulares. La venta de una participación genera una ganancia que ahora tributa a un máximo del 23%. Cuando es un holding el dueño de la empresa, la Ley del Impuesto sobre Sociedades establece exenciones de pago en caso de que se cumplan una serie de condiciones.
Ambas figuras cambiarán si el acuerdo del PSOE con Podemos sale adelante y retoman las ideas que plasmaron en su fallido proyecto de presupuestos para 2019. El documento acordado entre ambas formaciones establecía una subida del impuesto sobre las plusvalías de cuatro puntos porcentuales a partir de 140.000 euros de ganancias. Eso significa que la tributación se elevará al 27%. También aprobaron limitar las exenciones que permiten a las sociedades no tributar por los dividendos y las plusvalías generadas por sus filiales.
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