Las comunidades necesitarán 37.000 millones de euros para financiarse en 2020, casi un 20% más con respecto a 2019, según las estimaciones de Afi. Este repunte se explica por la acumulación de deuda que se les vence, un pesado fardo frente al cual casi todas las regiones han solicitado acceso a los préstamos baratos que concede el Tesoro. Las regiones que más dinero requieren para sus compromisos son, un año más, Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, con la diferencia que esta última ya no podrá financiarse en los mercados si a la vez quiere beber del grifo del Estado central.
La manguera de liquidez del Estado no se cierra. La mayoría de las comunidades seguirán alimentándose de la línea de préstamos al 0% que concede el Tesoro a través de los Fondos de Liquidez Autonómica (FLA) y de Facilidad Financiera (FFF) para hacer frente a sus necesidades de financiación. Estas exigencias supondrán una factura de 37.000 millones de euros en 2020, según las estimaciones de Afi (Analistas Financieros Internacionales). Una cifra superior en casi un 20% a los 31.000 millones que las regiones precisaron en 2019 y que se justifica por los vencimientos de la deuda que se van solapando, mucha de ella contraída con el Estado.
Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, que acumulan los números rojos más abultados, vuelven a ser las autonomías que más dinero necesitarán el año que viene: 9.800, 6.000 y 5.300 millones de euros, respectivamente. La Rioja, Navarra y Cantabria son, por otra parte, las regiones que menos fondos precisarán para hacer frente a sus necesidades.
Las autonomías, responsables de proporcionar servicios públicos como la sanidad o la educación, deben cubrir su voluminosa deuda a medida que se vencen los préstamos y buscar nuevos créditos para sufragar sus déficits. Un cometido que se les complicó durante la crisis. Fue así que en 2012 el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha los mecanismos extraordinarios de liquidez. Un salvavidas para las regiones más asfixiadas por la deuda que ya no tenían manera de captar fondos por sí solas al no cumplir con las exigencias de los mercados financieros para pedir prestado.
Este engranaje de emergencia arrancó de forma extraordinaria y ha permitido a las comunidades ahorrarse 16.000 millones de euros en intereses desde 2012, según Fedea. Aunque el Estado aprobara en 2018 un plan para acabar gradualmente con estos préstamos —en línea con la recomendación de los organismos supervisores tanto nacionales como internacionales—, la recuperación aún no ha sido lo suficientemente vigorosa como para prescindir de ellos. En 2019, solo cinco autonomías se financiaron exclusivamente a través de bancos e inversores: Madrid, País Vasco, Navarra, Asturias y Castilla y León.
En 2020 la situación no sufrirá grandes cambios. Madrid, País Vasco y Navarra seguirán acudiendo a los mercados —y puede que también Asturias—, informan fuentes de Hacienda. Galicia y Baleares compaginarán el dinero del FFF con lo que capten de bancos e inversores para conseguir los 1.400 millones de euros que cada una necesita para 2020. Canarias también podría acogerse a esta opción, mientras que Andalucía, que se estaba beneficiando de esta financiación a doble banda, ya no podrá hacerlo en 2020.
La opción de combinar las dos vías de financiación —mercado y préstamos estatales al 0%— solo está abierta a las comunidades que cumplan los objetivos de déficit, deuda y regla de gasto. Estas regiones acceden al compartimento de Facilidad Financiera si solicitan dinero de los mecanismos extraordinarios de liquidez, pero pueden pedir autorización para captar de manera simultánea en el mercado parte de los fondos que necesitan. Las comunidades que no respeten las reglas presupuestarias y quieran beber del grifo del Estado, por otra parte, solo podrán acogerse al FLA. La diferencia no es baladí.
Si el FFF permite ir a la vez a los mercados, el FLA no solo cierra esta opción. También supone un control más férreo del Estado central sobre las cuentas de los Gobiernos regionales, que están obligados a diseñar un plan de ajuste para cumplir con los objetivos presupuestarios que se le fijen para el ejercicio.
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