Los Tribunales Económico-Administrativos, paso previo obligado a la vía contenciosa de lo judicial, han registrado un incremento del 59% en el número de demandas de ciudadanos contra el fisco frente a los niveles precrisis, pasando de 135.878 casos resueltos en 2007 a 216.139 en 2018, según el último dato que se acaba de publicar.
Esta evolución, unida al hecho de que cada vez más pronunciamientos son favorables el contribuyente, han llevado a la Agencia Tributaria a marcarse la reducción de la litigiosidad como uno de los objetivos del nuevo plan estratégico que ultima.
Así lo avanzó hace unas semanas el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, anunciando que el organismo creará un indicador que fiscalice los casos judicializados para tratar de rebajar su incidencia. Después de todo, expuso, de los 40.000 millones de euros de deuda pendiente de cobro por el fisco, unos 12.000 están en suspenso pendientes de resolución judicial.
Además de eso, los datos arrojan un amplio porcentaje de victoria del contribuyente cuando litiga contra la administración tributaria. Los Tribunales Económico-Administrativos estiman, al menos parcialmente, el 40,7% de sus demandas frente al 48,9% de veces que dan la razón al fisco, mientras que otro 10,3% de casos se cierran por desistimiento, o archivo, entre otros. Pese a que el dato supone el primer retroceso en ocho años en el éxito de los contribuyentes, que ganaron el 45,3% de casos en 2017 superando el 44,8% de las haciendas, la cifra ha avanzado mucho desde el 35,9% de 2007.
Es más, “en los litigios contra haciendas autonómicas el porcentaje a favor del contribuyente llega al 84% en algunos casos”, detalla Javier Gómez Taboada, vocal de estudios e investigación de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), que explica que buena parte del problema regional radica en el fallido método de cálculo de los procesos de valoración que afectan a Sucesiones o Transmisiones Patrimoniales.
Aunque el Gobierno trató de corregir este punto con una nueva metodología de valoración a precio de mercado en el anteproyecto de ley de medidas antifraude que impulsó hace un año, este decayó con la convocatoria electoral del 28A. A falta de ver si la medida se retoma y logra poner coto a este foco de demandas, lo que Gómez Taboada ve poco probable al considerar que no es posible fijar un método de cálculo “estandarizado” para todos los casos, el vocal de Aedaf aduce que Hacienda acaba perdiendo otro 30%de casos cuando llegan a la vía judicial ordinaria, y eso que menos del 30% pasan de la económico-administrativa.
Powered by WPeMatico