La Agencia Tributaria ha decidido apretar las tuercas al sector del juego exigiendo más información sobre los torneos y rifas que organizan los operadores del ramo, sus prácticas publicitarias o la existencia de sorteos ilegales, así como reforzando el control sobre sus negocios o la identidad y saldos que manejan los jugadores. Así consta en el nuevo convenio recientemente sellado entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria (AEAT) y la Dirección General de Ordenación del Juego, dependiente de Hacienda, para el intercambio de información sobre este mercado.
Ambas instituciones firmaron ya un acuerdo de intercambio de datos en 2014, a fin de que la Dirección General del Juego obtuviera del fisco los datos tributarios de los actores del sector que fueran necesarios para su labor de regulación, autorización, supervisión, control y sanción del mercado. Este organismo, a su vez, se comprometió a facilitar a la Agencia Tributaria los datos que recopila sobre operadores y jugadores a fin de ayudarle a garantizar la correcta aplicación del sistema tributario.
Todo, eso sí, bajo un absoluto compromiso de confidencialidad de los datos, que deberán utilizarse únicamente para velar por el cumplimiento de las funciones de cada ente, sin perjuicio de otras acciones específicas dirigidas a la lucha contra el delito fiscal o el fraude en la obtención de ayudas públicas. El acuerdo sellado hace un lustro fue prorrogado anualmente hasta que, en otoño, ambas partes decidieron renovar el pacto para incluir nuevos requerimientos de información.
El nuevo convenio incluye las obligaciones básicas de información que ambos organismos acordaron compartir en 2014, por lo que se renueva la obligación de que la Dirección General facilite al fisco la identidad de cada jugador, así como el saldo inicial y final de sus cuentas de juego, y las retiradas de fondos, premios recibidos y bonos a su favor. También deberá informarle de todos los operadores del sector, sus canales online, el importe jugado por sus usuarios en cada categoría de juego y el margen bruto que obtienen, definido como el monto total gestionado menos los premios satisfechos.
A su vez, la Agencia Tributaria deberá seguir facilitando a la Dirección General los datos tributarios de los operadores, y comenzar a ofrecerle también de forma mensual las cantidades ingresadas y los premios concedidos por los organismos de juego oficiales, como Loterías y Apuestas del Estado. A partir de ahí, el convenio introduce una serie de nuevas obligaciones que incluyen la exigencia de que la Dirección General dé cuenta a la Agencia Tributaria de las rifas y juegos organizados de forma ocasional o esporádica, más allá de aquellos juegos recurrentes, que hasta ahora no estaban expresamente sujetos al control específico de la AEAT.
En este nuevo apartado, el fisco reclama información exhaustiva del valor de las participaciones que se lleven a cabo en estos juegos y de la autorización para operar de quienes los organizan. Además, la Agencia Tributaria también pone el foco por primera vez en la relación de agentes autorizados para emitir publicidad relacionada con estas actividades de juego, así como en sus certificados de seguridad informática.
Finalmente, la inspección fiscal también tendrá a su disposición la información recabada por la Dirección General del Juego sobre el censo de sitios webs de juego ilegal, o los comercializadores de lotería no autorizada que detecte.
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