El último balance de los inspectores, publicada recientemente, recoge que a lo largo del 2018 ordenaron la regularización de 18.851 trabajadores, diez veces más de lo registrado en años anteriores. Así, en el 2017 apenas habían decidido encuadrar como asalariados a 1.845 cotizantes por cuenta propia.
El propio informe explica que el fuerte aumento de la cifra de trabajadores regularizados tiene que ver con que la lucha contra los falsos autónomos se ha convertido en uno de los objetivos prioritarios del Plan Director por un Trabajo Digno. El citado plan especial fue puesto en marcha en el verano del 2018 por la ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, poco después de que el Gobierno de Pedro Sánchez comenzara su andadura.
La memoria de la Inspección de Trabajo destaca además que este tipo de prácticas suponen una infracotización a la Seguridad Social y un ahorro para las empresas en costes sociales. Sufren las ya maltrechas cuentas del sistema público de protección social –en los últimos cuatro ejercicios ha registrado un déficit que ronda los 18.000 millones de euros–. Y al hacer que la carga principal de las cuotas sociales sea asumida por los trabajadores, representan una competencia desleal para el resto de compañías que sí abonan las cotizaciones correspondientes.
Un informe de UGT estima que, al hacer que los riders paguen las cuotas de autónomos y se hagan cargo de la bici, moto o furgoneta, del combustible, el seguro… plataformas como Deliveroo, Glovo, Stuart o UberEats se ahorran unos 12.000 euros anuales por cada trabajador en sueldos y cotizaciones. En total, el sindicato que dirige Josep Maria Álvarez calcula que en estas empresas los repartidores cobran hasta 92 millones de euros menos al año y la Seguridad Social deja de ingresar hasta 76 millones.
Asimismo, la inspección señala que se han centrado en las plataformas digitales ante la “existencia de trabajadores autónomos que realmente no disponen de una infraestructura empresarial, ni asumen el riesgo y ventura de la actividad desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con la empresa que les ha subcontratado para tal fin”.
Esta batalla ha llegado con el tiempo a los tribunales, a través de demandas de trabajadores descontentos con el modelo que tratan de imponer las plataformas y de la Tesorería de la Seguridad Social para reclamar el cumplimiento de las actas de los inspectores, como se vio en el macrojuicio celebrado en Madrid, que afectaba a más de medio millar de repartidores.
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