El Gobierno esperará a que se produzca un gran acuerdo internacional en el marco de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para gravar a las multinacionales tecnológicas antes que crear por su cuenta la llamada tasa Google. Según la vicepresidenta para Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, “nosotros no renunciamos a la tasa, que forma parte de nuestro programa electoral, pero esperaremos a un acuerdo internacional en el marco de la OCDE para el 2020”.
La vicepresidenta cree que la tasa sigue teniendo todo el sentido del mundo y que lo que busca es “adaptar el sistema fiscal a la realidad del siglo XXI, en el que hay empresas con una estructura tributaria que no se adapta a esa realidad y no pagan impuestos allí donde logran el negocio y el valor añadido”.
La voluntad de poner coto a estas prácticas sigue vigente, pero con otros plazos y caminos. La posición del Gobierno descarta, en principio, que se apruebe de forma inmediata el nuevo impuesto para las grandes firmas de internet que logran beneficios importantísimos en muchos países del mundo sin tributar nada o apenas nada en la mayoría de ellos. El impuesto es también cuestión de equidad, ya que las pymes pagan más impuestos que las multinacionales
Francia, que ya tenía aprobado el impuesto, ha tomado la decisión de congelar su aplicación hasta finales de año para dotar de más fuerza a la negociación que se está produciendo en el marco de la OCDE y abogar por la seguridad jurídica, por un lado, y la armonización fiscal, por el otro. La coordinación internacional tiene que evitar la doble imposición y también que la misma realidad tenga tratamientos fiscales divergentes en unos países u otros.
Por eso –y para evitar enfrentarse a Estados Unidos–, Francia ha decidido esperar. Este retraso no supone una renuncia del Estado francés a ingresar impuestos de las compañías digitales este año. Al haber creado y congelado el impuesto, Francia se reserva el derecho de exigir su pago a las empresas a finales de año con carácter retroactivo. Pero su prioridad es el acuerdo internacional. “Si nosotros podemos encontrar una solución creíble en el marco de la OCDE, entonces no habría ninguna necesidad de adoptar decisiones nacionales”, asegura Bruno Le Maire, ministro de Finanzas de Francia.
Todo queda a expensas de la negociación en el marco de la OCDE, que tiene la enorme ventaja de que puede servir para evitar represalias de Estados Unidos, el país donde están la mayoría de las empresas a las que afectará esta tasa. Si el impuesto es global en vez de francés o español, parece más difícil su utilización como desencadenante de una nueva guerra comercial que no interesa a nadie en un momento en el que la obsesión es reactivar la economía.
La OCDE, formada por 137 países, tiene ahora la palabra. El organismo cuyo secretario general es Ángel Gurría lleva más de dos años trabajando en este asunto y, como explicó el dirigente mexicano ayer en el Foro Económico Mundial de Davos, “esto está en la mesa desde hace mucho tiempo y no es una cuestión solo de empresas digitales, sino del proceso de digitalización de las empresas: la economía digital requiere nuevas reglas”. Gurría explicó ayer que hay ya más de 40 países que participan en este asunto y que no sería bueno que se diera una competición entre unos y otros para regular las actividades digitales. “Debemos poner a un lado las diferencias para encontrar una solución común”.
El dirigente se mostró confiado en tener un borrador con una propuesta de tributación digital en junio para poder avanzar en los meses siguientes y tomar una decisión antes de finales de año. “No soy optimista ni pesimista, soy activista”, dijo ayer Gurría entre risas al ser preguntado por las posibilidades de sacar adelante la propuesta.
No será fácil que se consiga, ni aplicarlo después, como advirtió ayer Delia Ferreira, presidenta de Transparency International. “Necesitamos que se apruebe el impuesto, sí, pero también que las reglas sean absolutamente claras”. Ferreira defendió en el foro que el impuesto global a las firmas digitales sería especialmente importante para los países en vías de desarrollo al dotarles de ingresos extra que necesitan para progresar.
Pero hay otro aspecto también importante en el futuro nuevo impuesto: la equidad. Como explicó ayer Gurría, tanto los ciudadanos de clase media o baja como las pymes “están cautivos a la hora de pagar impuestos”. “¿Quiénes pagan menos o no pagan? Las grandes fortunas y las corporaciones. Es un gran asunto”, concluyó.
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