Quedan muchos meses por delante, pero será difícil que nadie arrebate a María Dolores de Cospedal el título de fichaje del año del sector legal. La incorporación de la ex secretaria general del PP y exministra de Defensa a CMS Albiñana & Suárez de Lezo es el último desembarco de un político en un gran bufete, unos movimientos que siempre desatan infinidad de rumores y comentarios dentro y fuera del ámbito jurídico. En este caso, además, ha sido inevitable la comparación con su otrora rival político, Soraya Sáenz de Santamaría, contratada por Cuatrecasas en marzo del año pasado.
¿Qué busca un bufete cuando ficha a un político? En primer lugar, su agenda y capacidad de influencia y penetración, ya sea en el siempre difícil ámbito de la Administración o en la esfera internacional. Ahora bien, es importante distinguir el cargo mediante el cual se incorpora: no es lo mismo un socio que asesor, función que realiza, por ejemplo, José María Aznar en Latham & Watkins (y anteriormente en DLA Piper). Mientras que al asesor solo se le requerirá que actúe como facilitador o abridor de puertas, a un socio se le va a exigir que facture y genere negocio.
Así lo evidenció CMS al comunicar el fichaje de Cospedal, al remarcar que la exdirigente había tenido que presentar un «completo plan de acción» (una suerte de plan de negocio) sin el cual no habría sido seleccionada. Es cierto que a quien no trae consigo una cartera de clientes suele dársele un tiempo de adaptación, pero, a partir del segundo año, lo habitual es que se le pida que aporte; una parte importante de su retribución dependerá de ello. Ser socio no es un retiro dorado.
Además de la red de relaciones que hayan tejido durante su etapa política, Cospedal y Santamaría tienen un segundo gran atractivo para los despachos: son abogadas del Estado, un cuerpo de juristas de élite muy valorado por las firmas por su elevada capacidad técnica y su profundo conocimiento de la Administración y los organismos públicos. Asimismo, también es conocido el especial vínculo que une a los miembros de este cuerpo entre sí, incluso si son de distintas generaciones. «Son un lobby», describe una fuente del sector. Y, como muchos de ellos acaban en las secretarías generales o asesorías de las grandes empresas (hace tres años había 70 de ellos en compañías del Ibex 35), los bufetes saben que contar con abogados del Estado en sus filas allana el camino para acceder a estos codiciados clientes.
No obstante, frente a las oportunidades que brinda fichar a un político, hay otras firmas a las que les pesan más los peligros o inconvenientes. Es el caso Garrigues o Uría Menéndez, organizaciones que tienen como criterio no incorporar estas figuras. ¿En qué puede perjudicar un político a un despacho? En primer lugar, lo significa políticamente (o, al menos, así se percibe), algo de lo que huyen muchos bufetes. Además, supone un importante riesgo reputacional, bien porque se entienda como un intento de medrar con lo público, bien porque ese ex alto cargo pueda verse salpicado por algún escándalo a posteriori.
En segundo término, porque estos fichajes pueden no encajar en el complejo ecosistema del partnership. Los políticos están acostumbrados a encabezar estructuras jerárquicas y a dar órdenes, y ser socio, en cambio, exige una actitud cooperativa y aprender a ser accesible y servicial con los clientes. «El reciclaje es duro», subraya a este respecto Javier Moreno, de la firma de headhunters IurisTalent. Y un detalle que no es menor: el ego de muchos abogados no tiene nada que envidiar al de los políticos y, de no saber gestionarlo, la coexistencia puede tornarse imposible.
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