La ministra de Hacienda del Gobierno de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, dejó este martes muy claro que el Estado no tiene por qué pagar a estas alturas los 2.500 millones de euros que adeuda a las comunidades autónomas en concepto de los ingresos por IVA correspondientes al mes de diciembre de 2017.
Ante la intermitente solicitud de este efectivo por parte de regiones gobernadas por el Partido Popular, el Partido Socialista e, incluso los soberanistas catalanes, que han llevado el recurso, como Madrid, hasta los tribunales, la ministra argumenta que el Ministerio que dirige no tiene por qué sufragar una cantidad, que en puridad y siguiendo a pies juntillas la ley, se debería haber pagado, a más tardar, en 2019.
Como mucho, señala Montero, se podría haber pagado dos años más tarde de esa recaudación, en este caso, la de 2017, que fue cuando -a petición de las empresas- Cristóbal Montoro decide que la devolución de esos ingresos, que deposita el Estado y luego transfiere a las regiones, se hace teniendo en cuenta los 11 primeros meses, de manera que los ingresos por IVA del mes de diciembre pasan al año siguiente.
Montero puntualizó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que «el ajuste en términos de contabilidad nacional de ese dinero se hizo en el año 2017» y, por tanto, esos ingresos se quedaron ahí. A su modo de ver, «no hay dinero sobrante», y el Estado no está reteniendo nada, ni se está quedando con dinero, criticando así las manifestaciones de diferentes presidentes autonómicos.
Repitiendo argumentos, Montero subrayó la «humildad» con la que el Gobierno de Pedro Sánchez intentó «revertir» esta situación, a través de los Presupuestos Generales de 2019, y que según la ministra no llegaron a aprobarse por culpa del Partido Popular, como si las CCAA votaran en el Congreso y en el Senado las Cuentas Públicas, olvidando, además, que también las regiones gobernadas por el Partido Socialista se están viendo perjudicadas por la ausencia de unos ingresos, con los que las autonomías contaban para el pago de sus servicios sociales, o para reducir su deuda.
Preguntada por las quejas de las diferentes comunidades, la ministra -que este martes anunció la convocatoria en las próximas semanas de la Conferencia de Política Fiscal y Financiera- afirmó al respecto que «no tiene nada más que decir», si bien volvió a señalar al PP como responsable del bloqueo del IVA de 2017, lo que en opinión de Montero «parece un chiste, aunque no tiene gracia». Montero remataba su discurso afirmando que esos 2.500 millones no existen. «Eso es falso», concluyó.
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