El presidente de la patronal de las agencias de colocación Asempleo, Andreu Cruañas, rechaza que el incremento del 22,3% del salario mínimo interprofesional (SMI) de 2019 haya destruido empleo, aunque sí percibe un aumento de la economía sumergida ligada a contratos a tiempo parcial fraudulentos. El presidente de Asempleo asegura que «desde la Inspección (de Trabajo) estaban detectando que, en algunos casos, alguna contratación de jornada a tiempo completo se había pasado a tiempo parcial y que esto está sugiriendo un cierto auge del empleo no declarado y economía sumergida en el caso del tiempo parcial».
Dicho esto, Cruañas deja claro que no han constatado un impacto en el empleo por la subida del SMI del año pasado a 900 euros. Pese a ello, insiste en la necesidad de que los incrementos del SMI se realicen con el acuerdo de los agentes sociales, tal y como se ha pactado para 2020, situándolo en 950 euros (un 5,5 %). «Las subidas salariales es mejor pactarlas en la negociación colectiva», dice el presidente de Asempleo, ya que, si no se puede repercutir a los precios, «o las soporta el empresario o se pierde competitividad». Reclama además la necesidad de que estos incrementos vayan acompañados de «medidas de capacitación del capital humano para poder atender a escenarios de mayor valor añadido y poder competir así, no en salarios, sino en servicios avanzados».
Considera que la subida para 2020 es «perfectamente asumible», pero advierte de que puede afectar a los acuerdos de los convenios colectivos este año, «tensionando al alza» la negociación de las franjas intermedias de las tablas salariales. Patronal y sindicatos deben comenzar a elaborar un nuevo AENC, un acuerdo marco que sirve de recomendación para la negociación de los convenios colectivos, ya que la actual caduca este año. Pero esa negociación, advierte, podría verse comprometida en su «velocidad e intensidad» por los cambios que el Gobierno lleve a cabo al derogar la reforma laboral.
«El conjunto de la negociación colectiva se va a ver influido netamente por la negociación paralela que haya de los empujes que se quiera dar a la reforma laboral y de los tiempos que se quieran marcar», recalca Cruañas. Sobre uno de los aspectos a modificar de la reforma laboral, Cruañas cree que derogar la prevalencia del convenio de empresa haría descansar más responsabilidad sobre el ámbito sectorial empoderando a los agentes sociales, si bien reclama que se lleve a cabo con una «actitud flexible y pragmática».
Así, considera que hay que dejar «determinadas cuestiones de tipo salarial y de derechos» en un ámbito sectorial, porque «a veces en las empresas no hay verdadera capacidad de negociación», pero dando «margen» para que éstas puedan adaptar el marco de relaciones con los trabajadores con sus necesidades.
Sobre la vigencia de los convenios (ultraactividad), ilimitada antes, pero restringida a 1 año en la reforma laboral, Cruañas cree que hay que «buscar un escenario intermedio para dar tiempo a que la nueva negociación llegue a buen fin», plazo que, a su juicio, podría estar en los 2 años.
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