El Consejo de Ministros aprobará previsiblemente este martes la nueva senda de estabilidad presupuestaria para el periodo 2020-2023, que recoge unos objetivos de déficit y deuda pública más flexibles, con más margen para las comunidades autónomas, según han confirmado fuentes gubernamentales.
También está pendiente la aprobación del límite de gasto no financiero, conocido como ‘techo de gasto’, que tendrá que ser aprobado por el Congreso y el Senado y que constituyen los pasos iniciales para la elaboración y presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2020.
La senda de estabilidad presupuestaria actual y oficial, aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2017, fijó un objetivo de déficit para el conjunto del Estado del 0,5% del PIB para 2020 y estabilidad presupuestaria ya en 2021, unas metas prácticamente inalcanzables, ya que las últimas previsiones del Ejecutivo de Pedro Sánchez apuntaban a un déficit del 1,7% este año y del 0,4% en 2021, aplazando la estabilidad presupuestaria para el año 2022.
Aunque por ahora se desconoce la distribución de los nuevos objetivos de déficit por administraciones, es previsible que se otorgue un mayor margen, tal y como ha sucedido ya con las comunidades autónomas. En concreto, el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) aprobó el pasado viernes la relajación de los objetivos de déficit para las regiones, estableciendo un déficit del 0,2% del PIB este año, del 0,1% en 2021 y equilibrio presupuestario desde 2022.
Con esta senda el Gobierno da más flexibilidad para el cumplimiento, puesto que el objetivo autonómico previsto inicialmente por el Ejecutivo de Sánchez era de un déficit de una décima del PIB este año, y que las regiones lograsen estabilidad presupuestaria ya el año que viene. De hecho, la senda que aprobó el PP establecía equilibrio presupuestario para las comunidades autónomas ya para el ejercicio 2020.
En el caso de las entidades locales, Montero, junto a la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, presidirá este lunes la reunión de la Comisión Nacional de la Administración Local (CNAL) en la que se trasladarán las metas para las entidades locales, de previsible equilibrio presupuestario ante el superávit del conjunto del subsector, que ronda el 0,4% del PIB.
La nueva meta para el Estado y la Seguridad Social no se conocen aún, si bien Montero avanzó el viernes que se les requerirá un esfuerzo mayor que a las regiones, de en torno a «tres y cuatro escalones». Respecto a la deuda pública, el Gobierno calcula que la ratio de deuda pública podría haber concluido 2019 en el 95,9% del PIB, y se marcó la meta de rebajarla al 94,6% este año, si bien estas cifras podrían relajarse también en la nueva senda.
El Gobierno está en constante diálogo con Bruselas respecto a las previsiones y la nueva senda, a la espera del plan presupuestario sobre el que se pronunciará en su momento la Comisión Europea. Tras sacar a España del procedimiento de déficit excesivo, Bruselas reclamaba al país un ajuste estructural del 0,65% del PIB, equivalente a unos 8.000 millones de euros, para el año pasado y el actual. Las cuentas españolas están actualmente controladas en el llamado brazo ‘preventivo’, en el que, en lugar del déficit nominal, se tienen en cuenta los esfuerzos estructurales. Es decir, aquellos que se realizan sin tener en cuenta la aportación del ciclo económico.
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