El Ministerio de Hacienda ofreció ayer en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que reúne al Gobierno y a las quince comunidades de régimen común, relajar el objetivo del déficit de este año hasta el 0,2% del PIB, lo que supone cerca de 2.500 millones de euros. El Gobierno trataba así de sofocar la rebelión de las autonomías por la recaudación pendiente de IVA que reclaman, incluso, en sede judicial. Se trata precisamente de unos 2.500 millones que el Fisco les adeuda por la liquidación del IVA recaudado en diciembre de 2017 y que Hacienda no va a pagar.
Este portazo a una demanda generalizada en las comunidades autónomas se produce un día después de que el Ejecutivo se comprometiera a tener en cuenta las necesidades específicas de Cataluña en materia de financiación. De esta forma, las comunidades del PP, soliviantadas por la reunión bilateral que mantuvo el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el inhabilitado presidente de la Generalitat Quim Torra, se niegan a aceptar esta fórmula y siguen reclamando el IVA de 2017.
Entre las del PSOE, destaca Castilla-La Mancha, que ha rechazado la propuesta y exige que se pague la partida, aunque sea a plazos. A la salida de la reunión, el consejero de Hacienda manchego, Juan Alfonso Ruiz-Molina, declaró estar «satisfecho» con la nueva senda, pero mostró «decepción» con una solución del IVA «un poco absurda». Preguntado por si acudirán a los tribunales, como había anunciado, dijo que deberá decidirlo el Consejo de Gobierno.
El resto de comunidades del PSOE también han reclamado el pago, el caso de Baleares y Aragón, aunque con un tono más bajo en el seno del CPFF, donde declararon que agradecen el «esfuerzo» de Hacienda. Asturias dijo estar «satisfecha».
Así las seis autonomías gobernadas por el PP votaron en contra de la senda que propone el Gobierno, y las 11 del PSOE, más Hacienda, a favor. Las autonomías populares también criticaron la nueva senda, ya que consideran que no es una buena solución arreglar el problema del IVA con más déficit. La representante de Cataluña, Natàlia Más, acusó al Gobierno de «centrifugar» la deuda hacia las comunidades y guardar más recursos para el Estado, en un «desequilibrio vertical» entre administraciones.
El argumentario de Hacienda, que sigue culpando al PP del problema, es que las comunidades no han realizado recortes del gasto en 2019 por el efecto de la falta de la liquidación del IVA, sino que han gastado ese dinero, lo que se ha traducido en un mayor déficit en 2019 y en un incremento del período medio de pago a proveedores.
Hacienda no tendrá en cuenta la parte de déficit imputable al IVA dejado de percibir por el cambio normativo de 2017. Es decir, se descontará ese importe a la hora de evaluar si una comunidad ha cumplido el déficit. Así, si tras restar el efecto del IVA, las comunidades registran un déficit del 0,1% o inferior, se entenderá que cumplieron. Esto significa que si una comunidad sin el efecto del IVA cumple con el déficit no tendrá que presentar un Plan Económico Financiero (PEF).
Además, si se acogen a los mecanismos de financiación, quedarán asignadas al Fondo de Facilidad Financiera y no al FLA, y podrán compaginar la adhesión a los mecanismos extraordinarios de liquidez con la salida a los mercados.
Powered by WPeMatico