El Consejo General de Economistas (CGE) mantiene su previsión de crecimiento en el 1,6% para este año y el que viene, pero avisa de que la subida del salario mínimo interprofesional ha sido demasiado alta y que ello podría lastrar la creación de empleo. No obstante, quita hierro a la derogación parcial de la reforma laboral del PP que prepara el Gobierno ya que estima que el incremento de la ocupación se ha dado en un contexto de bonanza económica y que, por tanto, no puede achacarse únicamente al cambio de regulación que introdujo Mariano Rajoy en 2012.
El año pasado, el PIB cerró con un crecimiento del 2%, un repunte que el presidente del organismo, Valentín Pich, valoró este lunes positivamente durante la presentación del Observatorio Financiero y que permitirá dar “robustez y tracción” a la economía española, que avanzará previsiblemente un 1,6% en 2020 y 2021, manteniendo las previsiones hechas en diciembre y dos décimas por debajo de las estimaciones del Gobierno. Ello hará que la economía española siga creciendo por encima de los países del entorno europeo, en base a una demanda interna favorecida por unas condiciones financieras holgadas.
A pesar de la robustez de la economía, el CGE puso este lunes el acento en la ralentización de la creación de puestos de trabajo –que empezó a ser más acusada desde agosto–, algo que preocupa al organismo, ya que, si el empleo baja, el consumo y la demanda nacional caerán y el crecimiento podría debilitarse. En ese sentido, el presidente de la Comisión Financiera del CGE, Antonio Pedraza, consideró “muy elevada” la subida del salario mínimo –que repuntó un 22,3% en 2019 y un 5,5% este– para un país donde el 90% del tejido empresarial está formado por pymes, con mayor dificultad para absorber las subidas.
Con todo, el coordinador del Observatorio Financiero, Salustiano Velo, señaló que “la estructura salarial lleva muchos años congelada” por lo que consideró que “el peso de la economía española no puede funcionar en determinados ámbitos con un nivel salarial tan bajo”.
Si bien indicaron que entre los empresarios existe “preocupación y vigilancia” ante los efectos de la derogación de la reforma laboral, Pedraza sostuvo que el hecho de que el cambio normativo de 2012 –que abarató el despido– coincidiera con un periodo de crecimiento económico “quita objetividad” para saber si el repunte del empleo se debió directamente a ello o no.
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