Según el nuevo cuadro macroeconómico aprobado este martes por el Consejo de Ministros, el Ejecutivo prevé que la economía pase de crecer al 2% en 2019 a hacerlo al 1,6% en 2020, frente al 1,8% que había barajado en octubre. Para 2021, espera un avance del PIB del 1,5% y un ligero rebote hasta el 1,6% y el 1,7% en 2022 y 2023, respectivamente. Como consecuencia, el Gobierno reduce su previsión del ritmo de creación de empleo de este año del 2% al 1,4%, en el que se mantendría en los próximos años, con lo que la tasa de paro solo caería al 13,6% en 2020 frente al 12,3% antes esperado, cifra que ya solo se aspira a lograr en 2023.
La vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, achacó la revisión a la baja a la desaceleración de la economía, aunque subrayó que España seguirá creciendo por encima de la zona euro. Calviño aseveró, además, que el avance del PIB es ahora “más robusto y equilibrado que en anteriores fases expansivas”, con contribución positiva tanto de la demanda interna como de la externa.
Bajo estas previsiones, el Gobierno ha flexibilizado los objetivos de reducción de déficit. Sin concretar aún en qué punto cerró en 2019 –Hacienda esperaba el entorno del 2% del PIB, pero el Banco de España teme un año perdido que volvería a culminar en el 2,5%– el Gobierno aspira ahora a rebajar el agujero fiscal al 1,8% este año, al 1,5% el próximo ejercicio, el 1,2% en 2022 y al 0,9 de déficit en 2023.
Las nuevas cifras suponen un indudable margen adicional frente a la senda fiscal legada por el Gobierno de Mariano Rajoy, y aún, oficialmente vigente, que marcaba un déficit del 1,3% en 2019, el 0,5% en 2020 y un superávit del 0,1% en 2021. El primer Ejecutivo de Pedro Sánchez ya trató de impulsar una pendiente más suave, con un déficit del 1,8% en 2019, el 1,1% en 2020 y el 0,4% en 2021, pero el poder de veto del PP en el Senado lo impidió. Finalmente, el Gobierno suavizó sus propias previsiones hablando ya del mencionado 2% en 2019 y un 1,7% en 2020, según el último plan presupuestario remitido a Bruselas, que no incluía aún nuevas medidas presupuestarias.
La nueva senda, por tanto, supone la renuncia expresa del Gobierno a lograr el superávit presupuestario en toda la legislatura. Aún, así, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseveró que la senda legada por Rajoy “carece del principio de realidad” mientras que la presentada este martes, dijo, “resulta creíble” y permitirá sanear las cuentas “sin poner en riesgo el crecimiento económico y la creación de empleo”.
Montero, que ya comunicó la nueva senda fiscal correspondiente a las regiones, el pasado viernes, y a los ayuntamientos, este lunes, hizo hincapié en que el peso del ajuste recaerá en la administración central que podría asumir incluso parte del agujero de la Seguridad Social si el Pacto de Toledo decide cubrir con impuestos algunos de sus costes.
A su vez, el Gobierno estima que reducirá la deuda pública al 94,6% este año, al 93,4% en 2021, el 91,7% en 2022 y al 89,8% en 2023, fijándose como objetivo para la legislatura acabar por debajo del umbral del 90% del PIB. En cuanto a la regla de gasto, esta será del 2,9% este año, del 3% el próximo y del 3,2% en 2022. A su vez, el techo de gasto diseñado por el Ejecutivo se eleva un 3,8%, de 122.899 a 127.609 millones de euros, en 2020.
Aunque la nueva senda fiscal ha sido trasladada por Calviño a la Comisión Europea en las últimas semanas, la UE no emitirá un dictamen sobre ella hasta recibir el plan presupuestario que la soporte. Unas cuentas llamadas a acabar con la doble prórroga consecutiva de los Presupuestos de 2018 en las que el nuevo Ejecutivo plasmará sus prioridades políticas a la vez que buscará cumplir con las exigencias comunitarias, de obligado cumplimiento por ley en España desde este año.
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