Rescatando los anteproyectos de ley que ya tramitó en 2019 y que decayeron con la convocatoria electoral del 28A. Con una novedad, el Ejecutivo retrasará a final de año la liquidación del nuevo impuesto digital para tratar de no chocar con la Administración estadounidense que dirige Donald Trump.
Así lo avanzó este lunes la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, a su llegada al Eurogrupo en Bruselas, detallando que el ejemplo a seguir es el de Francia. El país galo impulsó una tasa sobre las actividades digitales el pasado año que acaba de dejar en suspenso ante la amenaza de nuevos aranceles por parte de EE UU. En concreto, Francia ha decidido esperar hasta finales de este ejercicio para cobrar la tasa a fin de dar tiempo al desarrollo de un impuesto digital global, pactado en el seno de la OCDE, cuyo diseño se espera para finales de año. La idea es sustituir entonces el impuesto nacional por el internacional o, si no está listo, cobrar la tasa francesa.
“Nosotros tendremos y preveremos un sistema similar para dar un poco de tiempo a ver cómo evoluciona la negociación en el ámbito internacional”, dijo este lunes Calviño, según recoge Efe. Fuentes oficiales confirman que la tasa, diseñada con una liquidación trimestral, tendrá excepcionalmente este año un único pago en diciembre a fin de dar tiempo a las empresas para adaptarse y a la OCDE para llegar a un pacto.
El impuesto digital español gravará al 3% las operaciones de publicidad online, intermediación digital entre consumidores y empresas o la venta de datos de usuarios de las compañías que facturen al menos 750 millones en el mundo y tres en España. Busca recaudar 1.200 millones al año, si bien su tramitación parlamentaria aún retrasará su efecto, no retroactivo, unos tres meses.
En paralelo, Hacienda retoma este martes un impuesto sobre las transacciones financieras que gravará al 0,2% la compraventa de acciones de compañías españolas con una capitalización superior a los 1.000 millones de euros. Como ya ocurrió en 2019, el Ejecutivo aplicará esa tasa Tobin sobre el saldo neto de compras al cierre de cada sesión, renunciando así a gravar las operaciones intradía, lo que deja fuera buena parte de las transacciones automatizadas de corte especulativo, por ejemplo. Busca ingresar 850 millones al año, aunque también tardará meses en operar.
Hacienda aspira a recaudar 2.050 millones al año con las dos tasas, pero la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) ya rebajó en 2019 su impacto potencial a 349 millones. También hay ya listo un tercer anteproyecto de 2019 que busca elevar la recaudación en 828 millones, el de medidas antifraude (que rebaja de 2.500 a 1.000 euros el límite de pago en efectivo entre profesionales, amplía la lista de paraísos fiscales y la de morosos con Hacienda), pero el Gobierno avanza que su aprobación se demorará a la espera del análisis del Consejo de Estado.
La tramitación de estas tasas servirá al Gobierno para comenzar a sondear los apoyos parlamentarios con los que contará su reforma fiscal que, ya en los Presupuestos, aspira también a crear un tipo mínimo de Sociedades para grandes compañías o a subir el IRPF a rentas altas.
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