El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, presentará a finales de marzo el índice de precios de los alquileres de viviendas que se comprometió a elaborar hace casi un año, cuando se aprobó el decreto del alquiler. Ábalos, en respuesta en la sesión de control del Congreso a una pregunta del diputado de Más País, Iñigo Errejón, ha renovado, además, su compromiso de «facilitar una regulación que limite las subidas en las zonas tensionadas con medidas coyunturales y temporales que puedan hacer los ayuntamientos».
Entre los principales aspectos de la regulación que el Consejo de Ministros aprobó en marzo de 2019, donde se incluía el índice, se encontraba la ampliación de contratos de tres a cinco años (o siete si el arrendador es una empresa) y el impedimento a subidas de renta dentro del contrato por encima del IPC. Sin embargo, el índice de precios quedó en suspenso y no ha sido retomado hasta la entrada de Podemos en el Gobierno.
El ministro ha defendido que la publicación del índice de precios, que se actualizará anualmente, será un «gran avance», porque dará «fiabilidad» y «robustez» a los datos, ya que «permitirá utilizar datos censales y no de encuestas, y eso va a ser un indicador también para los precios». También ha señalado la necesidad de diseñar una estrategia a medio y largo plazo basada en medidas como incrementar la oferta de vivienda, nueva o rehabilitada, a precio asequible; perfeccionar los incentivos y ayudas a propietarios e inquilinos, y facilitar una regulación que limite las subidas de los precios de los alquileres, especialmente en determinadas zonas tensionadas.
Errejón ha dicho que es consciente de que las políticas de limitación de precios de los alquileres (que defiende el Ayuntamiento de Barcelona y que rechaza la práctica totalidad del sector inmobiliario) no son «la solución», pero ha defendido que suponen un «torniquete que frena una sangría para quienes no pueden esperar más». Según sus datos, España es el país de la OCDE donde las familias dedican más porcentaje de sus ingresos a pagar una vivienda y donde los jóvenes destinan de media el 40% de su salario, con lo que solo el 18% de los menores de 30 años se independiza.
Errejón ha recordado que en lugares como Nueva York, California, Berlín, París, Austria y Dinamarca el sector público ha intervenido el mercado del alquiler para garantizar el derecho a la vivienda «con buenos resultados» y ha reprochado a los socialistas que «titubeen en cambiar el modelo inmobiliario español». Berlín, por ejemplo, ha dado luz verde a congelar las rentas para los apartamentos construidos antes de 2014, y París ha establecido límites que no podrán ser superados en más de un 20%, bajo pena de multas de 5.000 euros para personas físicas o 15.000 euros en caso de empresas.
El pasado enero el Banco de España advirtió de que este tipo de medidas «no solucionan de manera duradera los problemas de fondo y pueden causar aumentos de precios en las zonas no afectadas por la regulación de precios». Aun así, aseguró que los controles pueden resultar efectivos si se aplican solo temporalmente. El director general de la Agencia Negociadora del Alquiler, José Ramón Zurdo, ha recordado este miércoles que el índice de precios de alquiler tiene que ser una referencia estadística «y no puede servir o ser utilizado como un arma arrojadiza para los propietarios de viviendas en alquiler».
En ese sentido, Ábalos ha asegurado que el Gobierno encara el problema de la vivienda «no como un bien de mercado, sino como un derecho y un pilar básico del Estado del bienestar» y ha indicado que España ha invertido en él en los últimos años en torno al 0,11% del PIB, frente al 0,57% de media europea y el 0,87% de países como Francia. Por tanto, ha comentado que se trata de un «tema de urgencia» recogido en el acuerdo de Gobierno del PSOE y Unidas Podemos y que lo que toca es abrir un proceso de diálogo con los grupos políticos y los sectores profesionales para «acertar en la respuesta».
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