El Ejecutivo va a lanzar un paquete importante de medidas que aprobará hoy en el Consejo de Ministros. “Intentamos que los agricultores y ganaderos sean rentables y sostenibles económicamente. Para que tengan presente y futuro”, aseguró el ministro de Agricultura, Luis Planas, en el Congreso de los Diputados.
El Ejecutivo se ha visto en una encrucijada con la crisis del campo. La calle presiona. Y de ahí la premura de Agricultura para lanzar hoy la reforma de la Ley de la Cadena Alimentaria, la primera medida del Gobierno para aliviar la situación. Esta iniciativa pretende forzar a que se mejoren los precios en origen o, al menos, a que se cubran los costes para evitar la venta a pérdidas. “La reforma permitirá un refuerzo de la posición negociadora de los productores agrícolas y ganaderos, así como un mayor equilibrio en la cadena alimentaria”, resaltó este lunes Planas.
Para lograr una formación de precios más transparentes se buscarán mecanismos de presión. En especial a las grandes superficies y otros conglomerados que negocian a la baja los precios con unos productores que en España apenas están agrupados en cooperativas que tengan fuerza para imponer sus condiciones.
Planas, que confirmó en el Congreso la nueva norma, rechazó dar más detalles pese a la insistencia de la oposición. Se limitó a explicar que el texto pretende controlar de alguna forma los precios que los distribuidores y las grandes cadenas pagan. Esto es, para evitar que se le impongan condiciones, pagando por debajo de los costes. “No creo en las medidas de arriba abajo. Los agricultores y ganaderos son gente adulta y se les puede aconsejar, pero no imponer nada”, incidió el ministro.
Para conseguir esto, el Gobierno se encuentra con una maniobra de difícil ejecución. Por un lado, no puede regular los precios por ley. Y tampoco puede obligar a los distribuidores y grandes cadenas a pagar un precio mínimo por los productos. Para ello, según adelantó este lunes Efe, el borrador recoge que los costes de producción deberán estar incluidos en los contratos y que el Gobierno podrá hacer pública la identidad de las empresas que no respeten estos términos como medida disuasoria. Desde el ministerio no confirmaron estos detalles, ya que aseguran que el texto ha tenido nuevas modificaciones.
En la cumbre europea celebrada el pasado fin de semana, España luchó para que no se redujeran las ayudas agrarias y rechazó el recorte previsto (del 14%, según la propuesta del Consejo), por lo que no hubo acuerdo. Al finalizar la reunión de jefes de Estado y de Gobierno en Bruselas que tuvo al campo y la PAC como gran protagonista, Sánchez ya confirmó que esta reforma se aprobaría en el Consejo de Ministros de hoy. El presidente habló abiertamente de “control de precios”. Pero Planas ha insistido en varias ocasiones en que el control de precios es inviable y no sería permitido por la UE. Las medidas que ultima el Gobierno van destinadas a nadar en el equilibrio de forzar subidas de precios en origen, pero sin regularlos directamente.
En el Gobierno ha triunfado la tesis de los que creen que hay que intervenir en el mercado porque la situación es insostenible y muy desigual en contra de los productores. En La Moncloa y en los ministerios afectados son conscientes de que para cambiar el mercado hace falta tiempo, y lograr que los productores se asocien en cooperativas y se modernicen, algo que llevará años.
Pero de momento quieren aprobar esta primera reforma para lograr una incidencia rápida, aunque sea menor, sobre todo para dar una respuesta política y aplacar la crisis del campo. El ministro incidió este lunes en que habrá cambios más adelante con un proyecto de ley sobre esta materia tomando como base la Ley de la Cadena Alimentaria.
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