El Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos vio despejarse este jueves el camino para presentar unos Presupuestos Generales del Estado para 2020 al obtener el apoyo del Congreso de los Diputados a su nueva senda fiscal. La votación quedó engrasada por el arranque de la mesa de diálogo sobre el conflicto secesionista catalán que el Ejecutivo central y la Generalitat arrancaron la noche anterior en La Moncloa. Como resultado, la votación se saldó con 168 votos a favor, 150 en contra y 19 abstenciones, incluyendo las de los 13 diputados de ERC, que dijeron evitar el bloqueo para dar “una oportunidad al diálogo”.
El Parlamento aceptó así la propuesta del Gobierno de suavizar los objetivos de déficit legados por Mariano Rajoy para rebajar el agujero fiscal al 1,8% del PIB este año; al 1,5%, en 2021; al 1,2% en 2022 y al 0,9% en 2023, renunciando a lograr el equilibrio presupuestario entre ingresos y gastos durante la legislatura. El objetivo del Gobierno, defendió este jueves su portavoz y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es sustituir la senda anterior por otra “prudente y realista” que permita tanto “unas cuentas equilibradas” como “garantizar la cohesión social, la prestación de servicios públicos, la recuperación de derechos perdidos en la crisis, un crecimiento económico sostenible y la generación de empleo digno”. Montero destacó que mantener la senda anterior restaría 7.500 millones de euros de capacidad de gasto a la Seguridad Social y otros 3.500 a las comunidades.
A su vez, el Ejecutivo elevará el techo de gasto un 3,8% este año, a 127.609 millones de euros, si bien esta cifra no se somete al Pleno. De hecho, al votarse por separado el déficit de 2020 de los del periodo 2021-2023, el Gobierno se vio obligado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria a diseñar también un techo de gasto para el próximo año, con un alza del 3% (131.437 millones). Esto despertó las críticas del PP que ve en ello un intento de amarrar “dos Presupuestos en marcha simultáneamente”, lo que desde Hacienda descartan, alegando que es puro trámite, que ese techo no se vota y que previsiblemente en 2021 sea modificado.
Más allá, Montero se comprometió a reformar la regla de gasto de comunidades y ayuntamientos, que limita su capacidad de inversión, para darles un margen adicional. De momento, el Ejecutivo la ha elevado al 2,9% este año, al 3% en 2021 y al 3,2% en 2022, a la vez que busca ampliar las inversiones sostenibles en las que permite a los municipios reinvertir su superávit. Una demanda habitual de regiones y alcaldes, con la que también se buscaba contentar a grupos como PNV, EH Bildu, Compromís, Más País o ERC.
“No nos gusta su techo de gasto ni su senda de déficit”, dijo Joan Margall, diputado de esa última formación, anticipando eso sí que usarían su voto para “dar margen” de recorrido al Gobierno y al diálogo que ha abierto con Cataluña. “Damos una oportunidad a la mesa de negociación”, dijo, celebrando que “por primera vez” un Ejecutivo central se haya sentado con el de Cataluña para tratar de buscar una “solución política” al reto independentista. Un canal de diálogo que fue precisamente Esquerra quien exigió como contrapartida a hacer presidente a Pedro Sánchez con su abstención, postura que replicó este jueves.
No fue el caso de JxCat, que votó en contra y advirtió que está dispuesto a hacer lo mismo con los Presupuestos si estos no incluyen la restitución de los 2.500 millones de euros (400 para Cataluña) del IVA de 2017 que, por la reforma del sistema inmediato de información (SII) de aquel año, quedaron sin pagar a las regiones. También votaron en contra de la senda PP, Vox, Cs, CUP, UPN y Foro Asturias, mientras que EH Bildu y BNG se sumaron a ERC en la abstención. PSOE, Podemos, PNV, Más País, Nueva Canarias-Coalición Canarias, PRC, Compromís y Teruel Existe apoyaron las bases con las que el Gobierno diseñará las cuentas de 2020.
Aunque la senda fiscal aún debe pasar por el Senado, sus apoyos parecen suficientes. Más allá, Montero recordó que el Congreso ha aceptado tramitar una ley para arrebatar a la Cámara Alta su excepcional capacidad de veto sobre los objetivos de déficit, que ya permitió al PP tumbar la anterior tentativa de flexibilización fiscal del Gobierno de Pedro Sánchez.
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