La vicepresidenta y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, ha señalado este miércoles que el Estado, a través del ICO, ha concedido 2.747 millones de euros en avales para autónomos, pymes y empresas desde la puesta en marcha el pasado lunes de una línea de hasta 20.000 millones de euros. Según ha explicado, hasta el mediodía de hoy, el ICO ha recibido 31.000 solicitudes de avales para créditos por ese importe para afrontar la crisis económica generada por la pandemia del coronavirus. La mayoría, más de 2.500 millones, han ido para pymes y autónomos.
Además, como el Estado avala entre el 60% y el 80% del importe de cada operación, «la financiación realmente movilizada se acerca a los 3.500 millones de euros, que es la liquidez que con estas operaciones va a llegar a nuestro tejido productivo», ha explicado.
«Las entidades financieras deben hacer efectivos los créditos con cómodos intereses y con plazos suficientes para devolver el crédito», ha explicado la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, en rueda de prensa esta tarde. «Hemos firmado para que estos créditos no se puedan vincular a la contratación de otros productos financieros de cualquier tipo. Vamos a estar muy vigilantes para que la liquidez llegue como tiene que llegar», ha asegurado.
La Línea de Avales se aprobó con una dotación de hasta 100.000 millones de euros. El primer tramo activado tiene un importe de 20.000 millones de euros, de los cuales el 50% se reserva para garantizar préstamos de autónomos y pymes.
Con cargo a la Línea, el ICO garantizará los nuevos préstamos y las renovaciones concedidos por entidades financieras a empresas y autónomos para atender las necesidades de financiación derivadas, entre otros, de pagos de salarios, facturas, necesidad de circulante u otras necesidades de liquidez, incluyendo las derivadas de vencimientos de obligaciones financieras o tributarias.
Quedan excluidas del objeto de la Línea las unificaciones y reestructuraciones de préstamos, así como la cancelación o amortización anticipada de deudas preexistentes. Las entidades financieras deberán mantener abiertas las líneas de circulante de sus clientes hasta el 30 de septiembre.
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