El caos en la gestión de los ERTE, que acumulan retrasos que asfixian a las empresas, aboca a concurso e, incluso, liquidación, a un porcentaje importante de empresas. Sobre ello alertan el Consejo General de Gestores Administrativos y el Registro de Economistas Forenses (Refor) del Consejo General de Economistas. Los Gestores Administrativos, conocedoras de primera mano del atasco y los problemas de gestión de los ERTE en las comunidades autónomas y el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), cifran incluso en más de 50.000 las empresas que ya están abocadas a concurso de los más de 500.000 ERTE que ya se han presentado, cuando en 2019 las quiebras rondaron las 4.000.
Así lo calcula Fernando Santiago, su presidente, quien explica que están empezando a recibir, con fecha de hace más de 20 días, denegaciones de ERTE de fuerza mayor justificadas en que los negocios representados no estaban obligados a cerrar. Estas negativas llegan sin tiempo para reaccionar y poder presentar un nuevo ERTE por causas económicas con el tiempo suficiente para que no suponga la quiebra de las empresas afectadas. El proceso puede alargarse cerca de dos meses a la hora de plantear un nuevo expediente y la empresa no puede sostener los costes.
«Si se hubieran notificado a tiempo, las empresas podrían haber reaccionado antes, hubieran presentado un ERTE por causas económicas y los trabajadores hubieran cobrado su prestación de marzo y abril por parte del Estado. Ahora, el empresario que no tiene liquidez, que no tiene ingresos, debe afrontar el pago de unas cantidades para las que no tiene fondos porque los préstamos del ICO tampoco llegan a tiempo o no le son concedidos», señala Santiago.
Según el presidente de los Gestores Administrativos y presidente del Colegio de Madrid, la Comunidad de Madrid sólo ha contestado hasta ahora al 29% de los ERTE que se han presentado por gestores administrativos y el 2% del total han sido denegados. El 25% han sido aceptados y el 73%, por lo tanto, está pendiente de contestar. Estos datos, unidos a los que manejan el resto de colegios autonómicos, le llevan a estimar que más de 50.000 empresas ya están abocadas a concurso.
Según los gestores, en Tenerife se han contestado a un 8,7% de los ERTE presentados, todos de forma positiva, mientras que en Cantabria se han resuelto de forma expresa el 11,6%, con un 0,4% de denegaciones, al tiempo que en Baleares se ha contestado de forma expresa al 26,6% de los tramitados, con un 4% del total presentados denegados.
En numerosos casos, según ha señalado, el rechazo a estos ERTE ha sido justificado porque los negocios entraban en la categoría de esenciales, sin considerar que, a consecuencia del virus, los ingresos han caído de «manera estrepitosa». Las resoluciones, según señala, llegan tras haber transcurrido los plazos establecidos en más de 15 días, aunque la fecha de la resolución sí se encuentra dentro de los 5 días de tope.
A su vez, el Registro de Economistas Forenses, la división especializada en concursos, pidió ayer que se incentiven los acuerdos de refinanciación para evitar que las empresas acogidas a ERTE presenten concursos de acreedores y acaben en liquidación. Este órgano dependiente del Consejo General de Economistas de España pronostica que es muy probable que muchos de los más de 500.000 ERTE presentados acaben en ERE y, con ello, posiblemente, en la liquidación de muchas empresas.
El presidente del Consejo General de Economistas, Valentín Pich, demanda que se extienda el blindaje de los acuerdos de refinanciación de los 4 meses actuales a 6 u 8, «para que las empresas puedan oxigenarse y no entrar en insolvencia». El presidente del Refor, Alfred Albiol, pide impulsar la mediación para liberar a los Juzgados de lo Mercantil y que puedan centrarse en la «avalancha de concursos que se avecina».
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