Bruselas ultima la aprobación de una norma que permitirá la entrada de los Estados en el capital de sus compañías, grandes o pequeñas y cotizadas o no, para evitar su quiebra ante el tsunami del coronavirus. España apoya la iniciativa pero pide que se extremen las garantías para evitar distorsiones en la competencia y asimetrías en el mercado interior. La Comisión pide que se notifiquen las inyecciones de más de 100 millones, umbral que Alemania y Francia quieren elevar a 500 millones.
La pandemia del coronavirus no solo ha puesto en jaque el concepto de globalización, sino que ha trastocado por completo el orden económico mundial, confinando al libre mercado y dando rienda suelta a las tentaciones proteccionistas. La Comisión Europea, hasta ahora adalid de la competencia y el libre comercio y azote de cualquier auxilio estatal al sector privado, perfila la modificación del marco temporal de ayudas públicas para hacer frente a los destrozos económicos del Covid-19, abriendo la puerta en su último borrador del proyecto, al que ha tenido acceso EXPANSIÓN y que Bruselas prevé aprobar en los próximos días, a una suerte de nacionalización generalizada de empresas en apuros en Europa, cotizadas y no cotizadas, grandes y pequeñas.
Es un cambio radical respecto al proyecto original, adoptado el pasado 19 de marzo, que se circunscribía a facilitar las actuaciones de los Estados miembros a la hora de garantizar liquidez a las empresas (esencialmente mediante avales públicos a préstamos); conceder subsidios salariales; suspender o aplazar el pago de impuestos, u otorgar ayudas directas a los consumidores por los servicios cancelados a raíz de las medidas de cuarentena.
Apenas tres semanas después y tras una primera revisión el 3 de abril, en la que se amplió el marco temporal para que los gobiernos pudieran conceder ayudas públicas a la investigación y desarrollo de productos vinculados con la lucha contra el coronavirus, el último borrador, que Bruselas tiene intención de aprobar este mismo mes de abril, aborda ya sin ambages la irrupción del Estado en el capital de las empresas en riesgo de colapso so pretexto de que esta eventual nacionalización de tejido empresarial reduciría el riesgo que para la economía de la UE representaría «un número significativo de insolvencias»; ayudaría a «preservar la continuidad de la actividad económica» durante el brote pandémico y respaldaría «la recuperación posterior».
Se trata de un giro de 180 grados respecto al planteamiento inicial tras el que se encuentra la fuerte presión de las mayores economías del euro: Alemania, Francia (en cuyo ADN está incrustado el virus del proteccionismo) e Italia, que en las últimas semanas no han ocultado su intención de recurrir a las nacionalizaciones para salvar a sus empresas emblemáticas.
En el borrador de su propuesta, que rema en la dirección contraria a lo que el Ejecutivo comunitario ha defendido a lo largo de su trayectoria, la propia Comisión reconoce que «varios Estados miembros están considerando tomar una participación en el capital de empresas estratégicas para garantizar que su aportación al buen funcionamiento de la economía de la UE no se vea comprometida».
Curiosamente, Bruselas subraya que si dichas naciones (que no menciona) adquieren las acciones de esas compañías a precios de mercado o en igualdad de condiciones que inversores privados, «esto en principio no constituye ayuda estatal». Italia, junto a España uno de los dos países europeos más castigados por la pandemia, ya anunció la nacionalización de la compañía aérea Alitalia a principios de mes, mientras que Alemania, que ya ha acudido al rescate de empresas como Adidas vía préstamo, no descarta tomar una participación en la aerolínea Lufthansa para evitar un fatal desenlace.
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