Cataluña cuenta desde este viernes con unos nuevos Presupuestos, que incluyen la creación de dos nuevos impuestos ambientales pioneros en España y también una sustancial subida de algunas figuras impositivas, entre ellas el tramo autonómico del IRPF para las rentas de entre 90.000 euros y 175.000 euros, que consolidará a Catalunya como la comunidad donde este tributo es más elevado.
Las cuentas salen adelante en el Parlament con el voto de JxCat y ERC, y la abstención de los aliados de Podemos en la comunidad, los comunes. «Tras años de austeridad, abrimos una nueva etapa», ha explicado en el pleno el número dos de la Generalitat y consejero de Economía, el republicano Pere Aragonès. Cs, PSC y PP las rechazarán porque consideran que se han quedado «desfasadas» por el impacto del coronavirus ya que de hecho, el preacuerdo se cerró antes del inicio del estado de alarma. Por su parte, varias entidades sociales también las rechazan ya que, según dicen, no revierten los recortes, frente a lo que asegura el Govern.
Son unas cuentas marcadamente expansivas, ya que incorporan un sustancial incremento del gasto público, cifrado en los 3.000 millones de euros. Servirán en parte, para cubrir los 1.800 millones que según las primeras estimaciones, costará la lucha contra el Covi-19 a la red sanitaria pública.
A este dato, hay que añadir las ayudas, subvenciones y bonificaciones que la Generalitat pondrá en marcha este año para diferentes colectivos, como pymes, entidades deportivas y empresas culturales. De estas forma pretende que todos estos sectores puedan afrontar la caída en la facturación que ha supuesto el estado de alarma.
Las cuentas prevén una alza fiscal. Era una de las condiciones de los comunes para facilitar la aprobación de los Presupuestos, y este objetivo se ha mantenido pese a la crisis sanitaria, económica y social que está suponiendo la pandemia. A la creación de un nuevo subtramo en el tramo autonómico del IRPF, este año nacerán dos nuevos impuestos ambientales pioneros en España.
Uno de ellos grabará las emisiones de dióxido de carbono (CO2) por parte de la automoción, y se inspira en el principio quién contamina, paga. El otro es un canon por el impacto que tienen en el ecosistema los centros en los que se produce energía y las redes de telecomunicaciones. Ambas figuras impositivas cuentan con la frontal oposición de la patronal de la gran empresa catalana, Fomento del Trabajo, y varios agentes del sector.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que, en cuanto al recargo sobre el CO2, esta semana la Generalitat anunció que en su primer año de entrada en vigor, activará una bonificación, que será proporcional a la duración del estado de alarma. Esta decisión ya ha causado malestar entre las entidades ecologistas, partidarias de esta figura impositiva.
En el tributo donde no va a haber cambios es en el que pagarán las eléctricas y las operadoras de telecomunicaciones. Por este concepto, se prevén ingresar hasta diciembre 72,6 millones de euros. En 2021, el primer año en el que el impuesto estará totalmente en vigor, la cifra ascenderá a 145,1 millones.
Otra alza significativa tendrá lugar en el impuesto de Sucesiones y Donaciones. Esta reforma fue otra exigencia de los comunes, con el objetivo de pasar página a las bonificaciones que impulsó el expresidente Artur Mas a principios de 2011, justo después de aterrizar en la Generalitat.
Habrá una moratoria para que las empresas tengan más tiempo parar abonar el gravamen sobre los refrescos con exceso de azúcar, que se puso en marcha en 2017, y la tasa turística. De hecho, el sector hotelero es uno de los más afectados por la pandemia, ya que el estado de alarma ha significado prácticamente su cierre y las perspectivas para la temporada son muy negativas.
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