La apertura de los tribunales en agosto, periodo tradicionalmente vacacional en Justicia, ha desatado una gran polémica entre el sector jurídico. Esta medida, que establece la habilitación para todas las actuaciones judiciales (que se declaran urgentes) desde el día 11 al 31 de ese mes, fue aprobada el pasado martes por el Consejo de Ministros y se presenta como una de las soluciones estrella en la Administración de Justicia para retomar el pulso tras la Covid-19.
Por otro lado, durante el estado de alarma y hasta tres meses después de su finalización, habrá doble turno en los órganos jurisdiccionales. Además, el decreto establece una serie de medidas procesales, reiniciando el cómputo de plazos suspendidos y regulando procedimientos para agilizar ciertos asuntos, como el de familia y menores, así como de apoyo a la digitalización
Desde el inicio, los abogados mostraron su rotundo desacuerdo. Jueces, letrados judiciales y funcionarios tampoco ven con buenos ojos esta solución. Los profesionales del sector legal reprochan a Justicia no haber contado con ellos en la aprobación de esta medida. Por su parte, el Ministerio afirma que el texto es fruto del “diálogo constante y reforzado” con los operadores durante todo el estado de alarma. Junto con otros actores, señala, la Abogacía también ha participado en las reuniones de la Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia para la lucha contra el Covid-19.
Estas reuniones se han mantenido, en esta cuestión, con los representantes de los colectivos de abogados, procuradores y graduados sociales. El departamento reconoce que, si bien aprobó los términos del decreto, en el que se han acogido varias de sus propuestas, «mostró su disconformidad con habilitar parte del mes de agosto para dar salida a los procedimientos pendientes».
En estos términos, el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) emitió un comunicado en el que manifestaba su rotunda oposición a la medida y la calificaba de “ineficaz”. Victoria Ortega, su presidenta, lamenta que el departamento dirigido por Juan Carlos Campo no haya valorado “otras opciones que podrían haber mejorado la eficiencia y el funcionamiento de los tribunales”, como la concentración de todas las vacaciones de los operadores de la justicia en el mes de agosto.
Precisamente, este es uno de los argumentos que enarbolan muchos letrados: o trabajan todos durante esas semanas o no servirá para agilizar lo pendiente. Abrir los juzgados en agosto, habilitando esos veinte días para trámites judiciales, será, dicen, inoperativo porque el escalonamiento de las vacaciones de jueces, fiscales y personal dejará los juzgados a “medio gas” durante más tiempo.
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