El Pleno del Congreso someterá el miércoles a debate y votación el último gran decreto ley aprobado por el Gobierno para enfrentar la crisis económica provocada por la pandemia del coronavirus y que incluye los cambios en los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades y en el IVA a productos sanitarios. El impacto económico global de esas medidas fiscales y laborales se cifra en 2.425 millones de euros, en su mayor parte por los 2.122 millones que dejarán de recaudarse por esos cambios en Sociedades y el IVA sanitario.
En vigor desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Constitución exige que en el plazo de un mes los decretos leyes deban ser debatidos y votados en el Congreso para decidir si se convalidan o se derogan. En todo caso, el Pleno tiene la opción de tramitarlos como proyecto de ley, lo que abriría la puerta a modificar su redacción vía enmiendas.
En materia laboral, el decreto ley prorroga durante dos meses el carácter preferente del teletrabajo, así como el derecho de los trabajadores con deberes de cuidado a adaptar o reducir su jornada laboral, y se contempla el acceso a las prestaciones por desempleo de los trabajadores que, estando en periodo de prueba, vieron extinguido su contrato laboral a partir del 9 de marzo, y de quienes extinguieron voluntariamente su contrato de trabajo a partir del 1 de marzo por contar con otra oferta laboral en firme que finalmente decayó.
Además, se modifica también la regulación de los ERTE por causa de fuerza mayor, para cubrir las reducciones significativas de actividad en aquellos sectores considerados esenciales, pero que se han visto afectados por las medidas de reducción de la movilidad y han visto mermados sus ingresos. Los trabajadores fijos-discontinuos podrán incorporarse a ERTE o recibir una prestación de 90 días aunque hubiesen agotado el desempleo o no hubieran cotizado.
También endurece las sanciones por la presentación de ERTE fraudulentos, de forma que se considere como infracción «muy grave» efectuar declaraciones o facilitar, comunicar o consignar datos falsos o inexactos que den lugar a que los trabajadores obtengan o disfruten indebidamente de prestaciones.
También figura la suspensión de plazos en el ámbito de actuación de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, y se flexibiliza con carácter extraordinario el Fondo de promoción y educación de las cooperativas para que pueda destinarse a cualquier actividad que contribuya a frenar el Covid-19.
Finalmente, con efectos desde el 1 de enero de este año, los trabajadores agrarios que hubiesen realizado un máximo de 55 jornadas reales cotizadas en 2019, ven reducidas sus cotizaciones resultantes un 19,1% durante los periodos de inactividad en 2020.
En el ámbito de protección de los ciudadanos, se establecen los términos para el rescate de fondos de pensiones, con un límite de unos 1.613 euros al mes a los afectados, que pueden realizar hasta un mes después del estado de alarma y se permite la tramitación si falta algún documento. Se reducen, asimismo, un 50% los aranceles notariales para la novación de créditos no hipotecarios.
Igualmente, se establece un mecanismo para la renegociación y aplazamiento del pago de alquileres de locales de negocio a grandes tenedores o empresas públicas, que beneficiará a más de 222.000 inmuebles alquilados de uso comercial, ocio, hostelería y turismo. En el caso de que el propietario sea distinto a grandes tenedores o empresas públicas, se facilita el uso de la fianza como mecanismo de pago, debiéndose ésta reponer en el plazo de un año.
Para poner en marcha las medidas relativas a la moratoria de arrendamientos para familias vulnerables, se habilita que la Línea de Avales aprobada en el Real Decreto-ley 11/2020 tenga una dotación de hasta 1.200 millones de euros.
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