La semana en que el Constitucional alemán puso en cuestión el programa de compras de deuda del BCE, y de paso en entramado jurídico sobre el que se sostiene la Unión Europea, ha sido también el período en que el banco central ha realizado más adquisiciones de deuda en el mercado desde que comenzó la pandemia del coronavirus y desde que lanzó su programa específico de compras con el que hacerle frente.
El volumen de deuda adquirido por Christine Lagarde durante la semana pasada ascendió a 45.000 millones de euros, de los que 34.097 millones corresponden al programa especial antipandemia y otros 7.114 millones al programa previo de compras de deuda soberana, más otros 2.575 millones de deuda corporativa y menores cuantías en cédulas. El importe del programa extraordinario antipandemia anunciado en marzo es la mayor cuantía semanal vista hasta ahora, tras lo que alcanza un total de 152.908 millones de euros. En la semana previa, el volumen de este programa fue de 22.100 millones y en la primera de abril, hasta ahora la más cuantiosa, de 30.000 millones. El importe de las compras correspondiente al programa previo de compras de deuda soberana (PSPP) sí es en cambio inferior al de las semanas precedentes.
El BCE respondió en todo caso con compras contundentes a la elevada inquietud que surgió el martes pasado, cuando la corte alemana criticó que las compras de bonos realizadas por el Bundesbank no se habían ajustado a una necesidad económica y reclamó además tres meses al BCE para justificar su conveniencia o, de lo contrario, impedir que el banco central alemán siguiera participando en el programa de adquisiciones puesto en marcha en el BCE por Mario Draghi en 2015.
El dictamen del Constitucional alemán ha desatado una profunda tormenta financiera, puesto que ha hecho temer por la credibilidad y potencia de fuego del actual programa de compras antipandemia, que Lagarde está dispuesta a ampliar sin limitaciones y que se ha convertido en su principal herramienta para contribuir a la estabilidad del mercado y a la recuperación económica. La sentencia ha provocado también un inquietante revuelo jurídico y político, puesto que su sentencia cuestiona una de una instancia superior, la del Tribunal Superior de Justicia de la UE, que en diciembre de 2018 ya avaló la legalidad del programa de compras de deuda del BCE.
La decisión del TC de cuestionar pese a todo la proporcionalidad del programa de compras del BCE, si bien no su legalidad, ha sentado un importante precedente que ha desatado reacciones al más alto nivel. El Consejo de Gobierno del BCE respondió ese mismo día insistiendo en que continuaría adelante con sus medidas y recordando que sus decisiones se ajustan fielmente a su mandato de estabilidad de precios. Además, Lagarde insistió la semana pasada en la independencia de la institución y en que proseguirá «sin inmutarse» con su programa de compras de deuda.
Por su parte, el TJUE, en un inédito comunicado, reprendió al TC alemán al recordar que sus decisiones son de obligado cumplimiento en el conjunto de los países de la UE y que una sentencia en contra vulnera el mismo principio de seguridad jurídica de la Unión. Además, Bruselas amenaza con expedientar a Alemania por la decisión de su Tribunal Constitucional.
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