El Gobierno ha cifrado en 3.370 millones de euros el impacto máximo del decreto ley aprobado esta semana para extender las facilidades para los ERTE por fuerza mayor ante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus, entre aumento de gasto y merma en los ingresos de la Seguridad Social. Así, en la memoria de impacto presupuestario que acompaña al decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el martes, el Gobierno estima que el impacto máximo de esta medida será un aumento del gasto en 1.290 millones.
Además de este aumento presupuestario, el Ministerio de Trabajo y Economía Social señala que el impacto calculado de las exoneraciones a la cotización previsto supone un menor ingreso para el sistema de Seguridad Social de 2.080 millones de euros. Para realizar la estimación del aumento de gasto, extiende en 45 días, hasta el 30 de junio, los costes imputados en el decreto ley que impulsaba este mecanismo, con una duración inicial de 60 días, así como una cuantía media de la prestación por desempleo de 860 euros, dato correspondiente al mes de febrero.
Asimismo, el Gobierno estima que cuando acabe el estado de alarma y sus prórrogas, un máximo de 4 millones de personas estarán afectadas por ERTEs regulados en estos decretos. Respecto a la extensión de prestaciones a personas que no tengan período de cotización suficiente para tener una prestación contributiva, estima un 30% de las solicitudes, en consonancia a los datos de 2019, teniendo en cuenta este porcentaje que debió recurrir a un subsidio por no poder acceder a la prestación contributiva.
En total, cifra el impacto inmediato por aumentar durante un mes y medio en 430 euros la prestación por desempleo por el 30% de las personas afectadas por un ERTE de fuerza mayor y despedidas posteriormente, en un máximo de 516 millones de euros mensuales (un total de 774 millones). Respecto al reconocimiento de la prestación sin haber generado el derecho previo, Trabajo calcula un impacto equivalente a darle la prestación (la prestación media es de 860 euros) al 10% del total de personas afectadas, estimando todas ellas en 4 millones, por un período de un mes y medio, con un impacto económico máximo de esta medida en 516 millones (344 millones cada mes).
Para el cálculo de la reducción de ingresos, el Ministerio de Trabajo ha tomado en consideración la base media de los trabajadores en ERTE (1.416,33 euros) y el tipo de cotización empresarial que es objeto de exoneración. Asimismo, se tiene en cuenta una previsión de reincorporación paulatina de dos tercios de los trabajadores en el mes de mayo, y de hasta un 83% de los trabajadores en junio en las actividades no suspendidas y, por tanto, susceptibles de un ERTE parcial.
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