Las empresas auditoras se preparan para afrontar los efectos del Covid-19 en su negocio a partir de 2021. El sector, que apenas se ha visto afectado por el impacto más inmediato del virus, anticipa una caída de ingresos en el medio plazo, la renegociación a la baja de los honorarios y la pérdida de clientes por empresas que quiebren o no cumplan los requisitos para estar obligatoriamente auditadas. Además, alerta del reto que supondrá su labor de verificación sobre las cuentas del ejercicio 2020 para dictaminar si las empresas auditadas siguen siendo viables.
Fuentes del Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España (ICJCE) consultadas por este diario señalan que la facturación anual del sector no se verá lastrada en 2020 y, de hecho, prevén cerrar con un crecimiento de la cifra de negocio, siguiendo la tendencia alcista de los últimos ejercicios. Según los últimos datos de los que dispone la patronal, el sector facturó en conjunto 663,2 millones de euros en 2018 y, a falta de cerrar las cifras, estima un crecimiento del 3% para 2019.
Y es que, después de que el Gobierno decretase el estado de alarma, las auditoras han continuado su proceso de verificación de cuentas a través del teletrabajo. Además, el Ejecutivo concedió mayor plazo para la presentación de resultados y su correspondiente informe de auditoría para las cuentas de 2019 todavía pendientes, por lo que no se prevé que algún informe se quede a medias o no se pueda presentar.
No obstante, a partir de 2021 el ICJCE ya prevé caídas de la cifra de negocios. Según los datos históricos, el ejercicio de mayor facturación del sector se produjo en medio de la anterior crisis económica. De esta forma, 2011 cerró con unos ingresos conjuntos 760,6 millones de euros. A partir de ahí cayó en torno al 20% y desde entonces nunca ha llegado a recuperar ese nivel máximo de honorarios.
“Aquí hay dos puntos a tener en cuenta. En primer lugar, empresas que desaparecen y por lo tanto desaparece el cliente. Y luego, que la mayor parte de los informes de auditoría se hacen porque lo establece la ley. Hay unos límites obligatorios para que una empresa tenga que auditarse y en el momento en que se reduce la facturación o los empleados muchas empresas dejan de estar en los límites de auditoría obligatoria y optan por no auditarse”, explican.
Además, otras fuentes del sector aseguran que habrá una renegociación a la baja de los honorarios pactados debido, precisamente, a la caída de los ingresos de muchas empresas. No obstante, desde el ICJCE destacan la particularidad del sector, que se mantiene muy estable tanto en ciclos expansivos de la economía como en épocas de recesión. De hecho, en 2019, el 78% de los informes de auditoría realizados en España fueron obligatorios (63.000 trabajos frente a los 18.000 de carácter voluntario) por lo que la mayor parte del negocio se va a mantener.
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