Las consecuencias económicas del coronavirus para las cuentas públicas son devastadoras. Pero si hay un organismo afectado por la pandemia, este es el SEPE, cuyo presupuesto ha sido completamente desbordado. Hasta el punto de que el servicio público de empleo estatal ya ha consumido en apenas cuatro meses —últimas cifras oficiales— el 41,34% del presupuesto inicial con el que contaba para el conjunto del año. O el 44,26% si se incluyen las obligaciones reconocidas de ejercicios anteriores. Y eso que todavía no ha contabilizado el grueso de los ERTE. Hasta ahora, solo lo ha hecho de forma marginal, porque a 30 de abril muchas prestaciones estaban sin pagar.
En cuatro meses, el SEPE ha gastado algo más de 7.198 millones de euros de los 17.410 millones que tenía previsto destinar a desempleo contributivo en todo el año, y cuyo presupuesto, al tratarse de un crédito ampliable, tendrá que aumentar de forma automática sin necesidad de reclamar un incremento del gasto. De esos casi 7.200 millones de euros, alrededor de 6.800 millones corresponden a las prestaciones ‘ordinarias’ que paga el SEPE a los parados, y que son anteriores al covid-19.
Eso quiere decir que aunque en abril se reconoció la inmensa mayoría de las prestaciones, tantas como les dio tiempo a los funcionarios del servicio público de empleo, el desembolso, en un número muy importante, no se realizó. Simplemente, porque el SEPE paga a mes vencido, entre el 10 y el 15 de cada mes, lo que explica que, por razones extraordinarias, la mayoría de los bancos anunciara que adelantaría el pago unos días. Hay que recordar que el reconocimiento de la prestación (que se tarda apenas un día y medio) no significa que se pague inmediatamente, ya que eso depende de los plazos legalmente tasados.
Los pagos del actual mes de mayo, por lo tanto, corresponden a prestaciones reconocidas entre la segunda quincena de marzo y la parte del mes de abril que dio tiempo a resolver a medida que entraban los expedientes. En abril, por lo tanto, muy pocos parados cobraron el subsidio. El gasto adicional, de hecho, apenas asciende a poco más de 400 millones de euros respecto de lo que es una nómina ‘ordinaria’ del SEPE. Es decir, la diferencia entre los 7.200 millones ya gastados en términos de caja (las obligaciones reconocidas son muy superiores) y los 6.800 millones que corresponden a los parados de antes de la pandemia.
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