La Comisión Europea presentará este miércoles su borrador con la propuesta del nuevo presupuesto europeo con vistas al marco 2021-2027, en el que estará integrado el fondo de recuperación que luche contra los efectos a largo plazo que la crisis sanitaria y económica del coronavirus deje en la Unión. En este contexto, el Banco de España exige un fondo que se mueva entre el billón y los 1,5 billones de euros, y que dé forma a una herramienta “eficiente, solidaria, equilibrada y con una condicionalidad de uso ligada a la recuperación”. En este sentido, la institución pone el énfasis en que esta herramienta no puede basarse en «transferencias permanentes» inducidas por «comportamientos oportunistas de los miembros». Su uso, además, estaría sujeto «a la puesta en marcha de políticas y planes nacionales de reconstrucción de la capacidad de crecimiento tras la pandemia».
Hasta la fecha, las respuestas dadas por el Banco Central Europeo (BCE) y el Consejo y el Eurogrupo “han sido efectivas para mitigar la incidencia de la crisis en el corto plazo y reducir los riesgos de su propagación”. No obstante, la dimensión de la crisis “ha puesto en evidencia la falta de instrumentos clave de política económica comunes”.
Existe el riesgo, confirma el supervisor, de que aunque la crisis ha afectado de forma más o menos simétrica a todos los socios, no ocurra lo mismo con la recuperación. “Ante el riesgo de que esta crisis ahonde, de manera incluso permanente, las divergencias en los niveles de bienestar entre los países de la UE, urge disponer de medios comunes para facilitar la financiación de la reconstrucción de las economías de todos los miembros y evitar, durante este proceso, episodios de desestabilización”, explica el Banco de España. Para corregir este desequilibrio a largo plazo, el Banco de España cree que los «países más vulnerables» deben avanzar en una ambiciosa agenda de «reformas estructurales».
El debate entre un fondo que se articule a través de préstamos y otro que lo haga a través de transferencias directas, así como la obligatoriedad de llevar a cabo reformas estructurales y macroeconómicas, han sido dos elementos presentes desde el comienzo en las negociaciones de los socios. También han sido dos aspectos que han enfrentado a los países más ortodoxos con los del sur de Europa.
La entidad cree que “es el momento” de que la UE articule los medios necesarios para activar la capacidad conjunta de toda la Unión a fin de “traer recursos del futuro al presente”, en una cantidad acorde con la magnitud del reto de la reconstrucción económica tras la pandemia, y a un coste que refleje adecuadamente los bajos niveles de tipos de interés de equilibrio a largo plazo que, en el caso de la eurozona, se estimaba que se encontraban en valores muy bajos (incluso, posiblemente, negativos) ya antes de la actual crisis. La puesta en común de la capacidad de crédito de la UE debe venir acompañada de un esquema de utilización de esa capacidad, “que conjuntamente configure un Fondo de Recuperación europeo”.
Este fondo, propone el supervisor, dedicaría parte de su capacidad a la financiación de proyectos de naturaleza europea, que aumenten la integración y capacidad de crecimiento sostenible de manera transversal. El tamaño del citado fondo debe ser, por lo tanto, “suficiente para cubrir los objetivos anteriores”. Y es que, recuerda la institución, el aumento de las necesidades de financiación de los socios directamente vinculadas al efecto de la pandemia podría ascender, de acuerdo con las estimaciones actuales, “a más de 8 puntos porcentuales del PIB de la UE en 2020 y a más de 2 puntos en 2021”.
Para financiar estas cuantías, con un respaldo adecuado de los estados miembros, el fondo se debería valer de una “calificación crediticia de la máxima calidad” para realizar emisiones a muy largo plazo, lo que, en la situación actual de bajos tipos de interés, tendría un coste mínimo (o incluso negativo) en términos de los intereses de sus pasivos exigibles. Para ello, reconoce el Banco de España, habría que dotar a la Comisión Europea de la posibilidad de “reclamar a los estados miembros recursos adicionales que respaldaran las nuevas emisiones”.
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