El Gobierno pondrá en marcha inmediatamente una tarjeta social que puedan usar los ciudadanos en toda España para el acceso a las prestaciones sociales de todas las administraciones. La tarjeta recogerá también todas las ayudas que puedan tener los ciudadanos, con una información muy completa, que servirá también a las administraciones para detectar, en su caso, la incompatibilidad de prestaciones o los presuntos intentos de fraude, con la puesta en marcha del Ingreso Mínimo Vital.
El nuevo dispositivo está regulado en la disposición final quinta del Real Decreto de esta prestación, que aprobó el Consejo de Ministros del pasado viernes, y que publicó ayer el Boletín Oficial del Estado. La norma dice que la Tarjeta Social Digital incluirá, de manera paulatina, la «información actualizada de todas las prestaciones sociales contributivas, no contributivas y asistenciales, de contenido económico y financiadas con cargo a recursos públicos» que pueda tener el beneficiario. Y además recogerá información de aquellas prestaciones que puedan tener los cónyuges u otros miembros de la familia del titular de la tarjeta.
También se trata de conocer los niveles de renta de los ciudadanos cuando vayan a solicitar el ingreso mínimo vital o cualquier otra prestación. La normativa de la Seguridad Social recuerda que tanto la Hacienda central, como las forales, en el País Vasco y Navarra, «están obligadas a suministrar al Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) información relativa a los niveles de renta de los ciudadanos afectados que se beneficien de prestaciones sociales públicas de contenido económico».
Por esta razón, la Seguridad Social enviará el fichero de beneficiarios del Ingreso Mínimo Vital a la Hacienda que corresponda para que informe del nivel de renta del beneficiario. También harán lo mismo todas las administraciones que gestionen las prestaciones por desempleo, las situaciones de discapacidad y de dependencia, así como las ayudas familiares.
En realidad, la Tarjeta Social Digital es un proyecto de Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social en los gobiernos del PP. Sin embargo, no llegó a ponerse en marcha. Entre otras cosas, porque nunca se llegó a completar toda la información sobre las prestaciones y ayudas sociales que hay entre todas las administraciones.
En todo caso, el Real Decreto Ley sobre el Ingreso Mínimo Vital establece un régimen sancionador como el siguiente: desde la pérdida de la prestación por tres meses, con la obligación de devolver las cantidades percibidas en ese periodo, por falta grave, hasta, en el grado máximo, la pérdida de la ayuda durante cinco años por falta muy grave. Esto ocurrirá, cuando el beneficiario reincida en una falta muy grave en un periodo de cinco años. Todo ello, independientemente de que tendrá que devolver las cantidades que percibió indebidamente. Una infracción muy grave será no dar a la administración toda la información para acreditar los requisitos y la conservación de la prestación, cuando, por ello, el beneficiario hubiera recibido más del 50% de la prestación que le correspondería. En ese caso, perderá la ayuda durante seis meses y devolverá la prestación de ese periodo.
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