La solidaridad tiene un precio y no es precisamente bajo cuando se trata de financiar la reparación de los destrozos que ha provocado el coronavirus. La Comisión Europea busca fuentes directas de ingresos para sufragar su fondo de recuperación pos-coronavirus, que quiere dotar con 750.000 millones de euros, y hacerlo así más digerible para los frugales socios del norte, que se perfilan como el principal escollo en la negociación de una iniciativa sin precedentes en la historia del proyecto europeo.
En esa acuciante búsqueda de recursos, Bruselas ha planteado un impuesto a las grandes empresas para recaudar unos 10.000 millones de euros anuales. Así lo desveló el comisario europeo de Presupuestos y Administración, el austriaco Johannes Hahn, quien anticipó que la medida afectaría a unas 70.000 compañías con una facturación superior a los 750 millones de euros.
El objetivo del Ejecutivo comunitario, hasta ahora muy encorsetado en el ámbito presupuestario, es abrir nuevas vías de ingresos que nutran los recursos propios de la Comisión. «Aspiramos a que, como muy tarde a finales de 2027, tengamos en marcha un flujo constante de nuevos recursos propios» que se añadan al Presupuesto, afirmó Hahn en unas declaraciones a Financial Times. El comisario de Presupuestos añadió que la previsión es lograr por esta vía unos ingresos estables de entre 15.000 y 20.000 millones anuales en ese horizonte temporal.
El impuesto que diseña Bruselas, que debería ser aprobado por los Estados miembros, se perfila como una tasa anual de acceso al mercado único para grandes compañías y entraría en vigor a partir de 2024. La fórmula no está aún definida. Por ejemplo, se desconoce si se aplicará sobre los beneficios o si será proporcional al tamaño de las sociedades. Lo que sí intentaron ayer fuentes comunitarias fue minimizar su impacto sobre las compañías, asegurando que los 10.000 millones de euros que está previsto recaudar con esta nueva tasa representarán menos del 0,2% de la facturación que las multinacionales afectadas generan por sus operaciones en el mercado europeo, según informó la agencia Reuters.
Al nuevo impuesto sobre el mercado único, Bruselas quiere añadir otros tributos de nuevo cuño con los que reforzar su arsenal presupuestario. Así, planea dos tasas sobre el dióxido de carbono: una sobre el comercio de emisiones y otra en frontera sobre productos procedentes de países con estándares medioambientales inferiores. La Comisión también baraja un gravamen sobre el plástico y sigue adelante con su intención de aplicar una tasa Google. Aunque en principio prevé hacerlo de forma coordinada con la OCDE, no descarta hacerlo en solitario si no hay acuerdo en la Organización.
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