Pedro Sánchez ha dado las primeras pinceladas sobre la regulación que habrá tras el inicio de la «nueva normalidad», como se conoce a la salida del estado de alarma y de las tres fases de desescalada establecidas para combatir la pandemia.
El real decreto fijará como obligatorio el uso de mascarillas para los mayores de seis años, cuando estén espacios públicos en los que no se pueda garantizar la distancia de seguridad (de dos metros). Aunque Sánchez no lo ha detallado, la normativa prevé multas de hasta 1.000 euros para quienes no respeten este punto.
También se fijan una serie de pautas para las Comunidades Autónomas, que retomarán todo el protagonismo en el combate de posibles rebrotes del Covid-19. Por ejemplo, los gobiernos autonómicos deberán presentar planes de contingencia que demuestren que tienen capacidad de adaptación en los centros de atención primaria y en los hospitales para absorber un repunte en los pacientes por coronavirus.
Las autoridades de salud pública competentes tendrán plenos poderes para realizar los seguimientos a todos los casos posibles de Covid-19, para analizar la trazabilidad de la infección y tratar de evitar su expansión. Además, todas las personas con síntomas, tendrán que tener garantizado el acceso a un test para ver si tienen el virus.
Sánchez también ha anunciado que el Consejo de Ministros aprobará el próximo 16 de junio el fondo Covid-19 para las Comunidades Autónomas por importe de 16.000 millones de euros, a través de un real decreto, y empezará el reparto este mismo mes:
Ese primer tramo, de 6.000 millones de euros, se repartirá en función de criterios de gasto sanitario En septiembre se dedicará un segundo tramo, de 3.000 millones de euros, también a gasto sanitario. Un tercer tramo irá destinado a la inversión educativa, por valor de hasta 2.000 millones de euros, que se entregará en septiembre. Se distribuirán 5.000 millones de euros en noviembre solo para las comunidades autónomas de régimen común (quedan fuera Navarra y el País Vasco) para compensar la caída de la actividad económica producida por la pandemia del coronavirus. Sánchez ha destacado que este conjunto de 16.000 millones de euros es «la mayor transferencia de recursos» para las Comunidades Autónomas, al margen del sistema de financiación autonómico.
Además, ha defendido que estas últimas semanas se han dedicado a consensuar con las comunidades autónomas y los partidos políticos, que tendrán que convalidar el real decreto ley en el Congreso, por lo que la propuesta inicial de reparto se ha «mejorado y modulado» con la intención de reflejar «con la mayor fidelidad posible» el impacto de la pandemia.
El presidente del Gobierno ha recordado que el fondo es finalista y se repartirá por transferencias, por lo que no generará intereses de ningún tipo, y las comunidades no tendrán que rendir cuentas al Ejecutivo sobre su finalidad, sino a los ciudadanos a través de los Parlamentos autonómicos.
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