El Congreso de los Diputados ha dado luz verde al proyecto de ley del Impuesto sobre las Transacciones Financieras, conocido como tasa Tobin, tras superar las enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Ciudadanos, que pedían su devolución. Ahora, el texto continuará su tramitación en la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja donde se debatirán las enmiendas parciales registradas por la mayoría de los grupos.
Con el nuevo tributo, el Ejecutivo prevé recaudar 850 millones de euros al gravar con un 0,2% las operaciones de adquisición de acciones de sociedades españolas, con independencia de la residencia de los agentes que intervengan en las operaciones, siempre que sean empresas cotizadas y que el valor de capitalización bursátil de la sociedad sea superior a los 1.000 millones de euros.
En su defensa, la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado que esta herramienta servirá para desalentar las prácticas especulativas, al tiempo que busca una justa “justa contribución” del sistema financiero que en la anterior crisis económica se vio favorecido por los rescates “que sufragaron los contribuyentes”. Junto a ello, ha asegurado que las operaciones que se pretenden gravar «no se sujetan a impuesto alguno», advirtiendo que existe un “privilegio inaceptable”.
En este sentido ha recordado que la Unión Europea lleva más de siete años debatiendo la armonización de este impuesto y que la propuesta del Gobierno se adaptará cuando se acuerde una figura común para la UE. Así, ha apuntado que son diez países -Bélgica, Chipre, Francia, Italia, Finlandia, Rumanía, Grecia, Irlanda, Polonia, Reino Unido- los que «ya lo aplican de alguna forma».
Por todo ello, Montero ha criticado que PP, Vox y Ciudadanos utilicen en sus enmiendas a este tributo los mismos argumentos utilizados en las debatidas la semana pasada sobre la ‘tasa Google’ y ha reprochado a estos partidos de deslegitimar el sistema tributario español e ir en contra de una fiscalidad justa.
En concreto, dichas formaciones han defendido que la iniciativa va en sentido contrario a lo que necesita el país en crisis aludiendo a la necesidad de bajar impuestos y no subirlos, afirmando que el coste de la implementación será repercutido en el cliente. Vox y Cs también han hecho referencia a que el impuesto impulsará las deslocalizaciones de empresas y de entidades financieras. Sin embargo, los argumentos no han convencido a la mayoría de los grupos parlamentarios que han rechazado las enmiendas a la totalidad, pero han presentado las suyas propias al articulado.
Powered by WPeMatico