Una ponencia de representantes de la Comisión de Hacienda del Congreso de los Diputados tratarán de consensuar un texto definitivo a partir del Proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, como se denomina oficialmente, y de las ocho decenas de enmiendas que los diferentes partidos de la oposición han presentado con el objetivo, en su mayoría de suavizar la propuesta del Ejecutivo.
El punto de partida es el planteado el Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que conlleva la creación de un nuevo impuesto que grave al 3% la publicidad online, la intermediación entre empresas y particulares o la venta de datos de usuarios. Deberán pagar la tasa las empresas que presten estos servicios si su volumen de negocio alcanza los 750 millones de euros en el mundo de los que al menos tres sean generados en España.
Aunque la estimación inicial fue que esta figura permitiría recaudar 1.200 millones al año, el Ministerio de Hacienda que dirige María Jesús Montero ya anticipó a comienzos de 2020 que la desaceleración económica rebajaría sus ingresos potenciales a unos 968 millones. Está por ver cómo impactaría la crisis del Covid-19 en la recaudación. La idea, en cualquier caso, es sustituir la tasa española por el impuesto digital que se acabe pactando en el seno de la UE o de la OCDE.
Vox propone rebajar el tipo impositivo del 3% al 2% y elevar el umbral de cifra de negocio en España por el que se debe tributar de tres a 50 millones, salvo que la cifra suponga al menos el 15% de ingresos mundiales de la empresa. El partido aboga además por explicitar que la tasa no afectará a periódicos ni revistas digitales así como a los servicios audiovisuales o la prestación de servicios de computación en la nube (cloud computing).
También insta a que la publicidad no se grave al aparecer, sino solo si el usuario hace click, o a que en lugar de que se tribute por cada operación, se haga por el conjunto de ingresos no sujetos ya a otros impuestos. Vox también pide que la liquidación sea anual, en vez de trimestral, y considera “desproporcionado” el régimen sancionador, que recoge multas por el 0,5% de la cifra de negocio –limitadas a entre 100.000 y 400.000 euros– para quien trate de evitar pagar el impuesto ocultando la dirección de Internet IP de sus usuarios o clientes.
Finalmente, Vox reclama que el impuesto no pueda ser modificable cada año al tramitarse los Presupuestos Generales del Estado. Un planteamiento, en aras de “la seguridad jurídica”, con el que coinciden PP y Cs, quienes también pide evitar los casos de doble imposición entre la tasa y el impuesto de sociedades. El partido naranja, a su vez, propone rebajar las multas a un máximo de entre 10.000 y 300.000 euros; que la liquidación sea trimestral; y que el gravamen solo pese en firmas que facturen 500 millones al año en el mundo y cinco en España.
El grupo plural, que también aboga por dejar fuera de la tasa a periódicos, revistas y firmas de telecomunicaciones, o por la liquidación anual, pide que el umbral para pagar sea desde los 25 millones en España. Entre las pocas propuestas para endurecer el impuesto está la de ERC, que aboga por elevar el tipo impositivo del 3% al 5% y por ceder el 50% de los ingresos a las comunidades autónomas.
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