El PSOE y Ciudadanos han pactado este miércoles en el Congreso de los Diputados incluir en las conclusiones de la Comisión para la Reconstrucción un aviso de que el aumento de ingresos fiscales para reducir la brecha fiscal con la media de la Unión Europea, tal y como persigue el Gobierno, debe realizarse «sin limitar el crecimiento, la competitividad y la eficiencia de las empresas españolas». Así figura en la enmienda transaccional pactada por estas dos formaciones para el apoyo de los ‘naranjas’ a las recetas económicas de reconstrucción. Se trata de una redacción similar a las que ambas formaciones pactaron esta semana en la Comisión de Hacienda.
Otra enmienda pactada por ambas formaciones llama a «avanzar en la seguridad jurídica, certidumbre, eficiencia y progresividad» del sistema fiscal, «mejorar la capacidad de recaudación en términos de justicia fiscal y capacidad de pago de los contribuyentes (tanto personas físicas como jurídicas) con el fin de que aporten más quienes más tienen para que reciban más quienes más lo necesiten». También han acordado que la fiscalidad ambiental que se apruebe esté «armonizada en todo el territorio nacional y a nivel comunitario» y «fortalecer la prevención y lucha contra el fraude fiscal, especialmente el relacionado con las grandes fortunas y la economía sumergida». Para ello, se contempla una revisión del delito fiscal para endurecer las penas y limitar los supuestos para rebajarlas mediante pago.
En materia laboral, una de las enmiendas aceptadas por el PSOE pasa por estudiar la flexibilización para la continuidad de los ERTE como instrumento de flexibilidad interna de las empresas y que, al aplicarlos, se tenga en cuenta el nivel de la recuperación en el sector y su adaptación ante posibles rebrotes. Así, la enmienda incorporada a las conclusiones económicas acepta que esta flexibilización se realice «en base a la evolución de la recuperación de la actividad a nivel sectorial y lo suficientemente flexible para acomodar los efectos de nuevos rebrotes localizados que afecten a la actividad económica de las empresas».
Además, rebaja el compromiso para mantener el empleo incluido en el texto original, pues si en el original se buscaba un fomento para que el diálogo social «garantice el compromiso del mantenimiento del empleo», se sustituye por que «contribuya a mantener los niveles de empleo».
Por otro lado, en el mismo grupo de trabajo, la diputada del PP Elvira Rodríguez criticó que el Gobierno no hubiese aceptado prácticamente ninguna enmienda de su formación en esta área. Aseguró que al Ejecutivo le “ha faltado una decidida bajada, exención, exoneración y bonificación de impuestos”, algo por lo que el PP apuesta desde el principio, apuntando que el Gobierno se ha quedado a medio camino en las medidas.
Sobre la Unión Europea, PSOE, PP y Ciudadanos llegaron a un acuerdo para incorporar enmiendas conjuntas al documento que saldrá de este grupo de trabajo. Los populares se abstuvieron con el objetivo de “mejorar ese principio de acuerdo”, según su diputado Mario Garcés, que apuntó que lo acordado por su formación con el partido del Gobierno y la formación naranja tiene que ver con defender la «democracia liberal» en la UE, reivindicar una «economía abierta» en el seno de la UE y que se eliminen «barreras al libre comercio».
Uno de los principales escollos que ha puesto sobre la mesa es la referencia que el borrador hace de Gibraltar cuando aboga por negociar un acuerdo España-Reino Unido sobre los aspectos relativos al Peñón «que permitan impulsar una zona de prosperidad compartida en el Campo de Gibraltar, en la estela de los cuatro protocolos firmados en 2019». Por ahora, PP, PSOE y Cs han logrado transaccionar una enmienda relativa a la estrategia de transformación digital y de la agenda verde, dentro del plan de reformas estructurales que exige Bruselas.
Al mismo tiempo, el pacto anunciado este miércoles por la mañana por PSOE y Ciudadanos supone que se incluyen en el documento sobre la UE varios cambios que planteaba la formación naranja. Así, el documento recogerá que se pida un mecanismo de supervisión del Espacio Schengen para evitar posibles abusos de los países a la hora de cerrar fronteras.
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