La Comisión Europea ha recibido un severo correctivo por parte del Tribunal General de la UE tras conceder la razón a Apple y a Irlanda en su litigio contra el ejecutivo comunitario. En concreto, la corte europea considera que la multinacional californiana no recibió ayudas de estado pese a disfrutar de una tributación en el Impuesto de Sociedades del 0,005% durante 11 años en aquel país, periodo durante el que tributó por las operaciones realizadas en Europa, África, India y Oriente Medio. De esa forma, Apple estará en condiciones de recuperar los 13.000 millones de euros desembolsados en 2016 por impuestos no satisfechos al gobierno irlandés. No obstante, la prudencia invita a la multinacional estadounidense a congelar ese reintegro -junto con los intereses generados en el mismo plazo- hasta que la sentencia sea firme, una vez resuelto el presumible recurso de casación que elevará Bruselas antes de 70 días.
En cualquier caso, la situación de debilidad de la Comisión Europea ante las empresas estadounidenses se presume considerable. Por un lado, el revés del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la Comisión Europea reproduce el saludable choque de poderes entre el judicial y ejecutivo. Sin embargo, el empeño del Viejo Continente por imponer orden y equidad en sus relaciones con las multinacionales estadounidenses tienen visos de convertirse en una batalla perdida.
La misma sentencia socava los planes de la Comisión Europea de lanzar una ofensiva legal -a partir del tercer trimestre del año- contra el régimen tributario de países europeos con bajas tasas impositivas para las empresas. Ocurre con Irlanda, pero también con Malta, Luxemburgo y Holanda, territorios que se aferran a su soberanía fiscal como presunto factor de competitividad. La sentencia contraria a los intereses de Bruselas supone un contratiempo en un momento crítico, justo cuando se diseñaba la reforma tributaria europea.
Por todo lo anterior, la distorsión en el mercado común provocada por las normas internas podría mantenerse dada la reciente lectura de la corte europea. Por un lado, la Comisión Europea exige la devolución de impuestos indebidamente tributados y, varios años después, se encuentra con la réplica del máximo organismo judicial comunitario. Un paso para delante y dos para atrás. No ha hecho falta ni conocer las eventuales represalias Donald Trump en el caso de que la decisión hubiera contrariado los intereses de una empresa estadounidense. Las leyes están redactadas de tal forma que los tribunales se limitan a interpretarlas, sin reparar en los intereses y estrategias políticas de la Comisión Europea.
Las reacciones por parte de los fiscalistas no se hicieron esperar. Así, el colectivo de técnicos del Ministerio de Hacienda lamentó la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TUE) al considerar que el fallo «echa por tierra» los esfuerzos de la Comisión Europea para evitar que las multinacionales evadan impuestos. Según indica en un comunicado, Gestha reprocha que el nuevo presidente del Eurogrupo y ministro de Gasto Público y Reformas de Irlanda, Paschal Donohoe, haya celebrado la decisión del TUE, dado que «debe velar» por los intereses comunes de los países de la eurozona y no solo por los específicos de su país. Los mismos expertos opinan que esta sentencia pone en evidencia la «fragilidad» de la política tributaria europeo, en claro contraste con la estadounidense.
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