La Unión General de Trabajadores (UGT) reclama que uno de los pilares de la reconstrucción social y económica de España sea la creación de empleos «dignos, estables y de calidad», con un nuevo marco de relaciones laborales que ofrezca estabilidad, así como derogar la reforma laboral, desechar el modelo de subcontratación, avanzar en racionalización de horarios y luchar contra el fraude laboral de falsos autónomos y becarios.
El sindicato ve «fundamental» derogar la reforma laboral de 2012, con el objetivo de equilibrar las relaciones laborales y evitar la facilidad del despido para las empresas, así como fortalecer la causalidad de la contratación temporal, precisar mejor las modalidades de contratos temporales existentes y desincentivar que las empresas cometan fraude en la contratación incrementando las sanciones y reforzando las garantías de las personas trabajadoras.
Además, defiende que el marco de relaciones laborales debe contemplar instrumentos que posibiliten el ajuste interno en las empresas, que «necesariamente deberán ser pactados con los trabajadores, para afrontar las posibles crisis que se puedan volver a dar, sea cual sea su calado, sin tener que recurrir a los despidos». En este sentido, UGT resalta el papel jugado por los ERTE para evitar masivas extinciones de contratos como consecuencia del impacto de la emergencia sanitaria y las restricciones. Por otra parte, alerta de que la contratación a tiempo parcial, mayoritariamente involuntaria, se ha incrementado de un modo sustancial durante la última década.
«La imposibilidad de encontrar un contrato a tiempo completo obliga, principalmente a mujeres trabajadoras, a tener que aceptar empleos de pocas horas», denuncia, alertando de empleos que esconden fraude en horas, por lo que pide una nueva regulación que suprima las horas complementarias y limite el tiempo parcial a tres cuartas partes de la jornada ordinaria. También urge a recuperar la ultraactividad y la prevalencia del convenio sectorial sobre el convenio de empresa, así como reducir las capacidades discrecionales del empresario para modificar las condiciones de trabajo.
Insta a la negociación colectiva para lograr mejores condiciones y salarios, al tiempo que subraya que los procesos de externalización que realizan tanto empresas como Administraciones Públicas no pueden conllevar una precarización del trabajo. Por ello, demanda establecer un marco que regule las condiciones de empleo de los trabajadores de contratas para desechar un modelo de subcontratación que solo busca el ahorro de costes y no ganar en especialización.
Para lograr ese «empleo digno» insta a avanzar hacia una racionalización de las jornadas laborales y mayores posibilidades de corresponsabilidad, garantizando la desconexión del trabajo y el descanso de las personas trabajadoras a través del registro efectivo de la jornada laboral, como así establece la ley, mejorando las formas de recogida de la hora de entrada y salida para evitar los fraudes que actualmente se producen.
Asimismo, para hacer efectivo el cuidado de personas dependientes y la vida profesional, tiene que reconocerse como derecho exigible la adaptación de la jornada laboral y aprobarse una ayuda para las familias que se vean obligadas a reducirse la jornada.
Igualmente, pide impedir y perseguir la discriminación y el fraude laboral y considera que un nuevo marco laboral debe cerrar la puerta a la huida de la laboralidad que se produce a través de los «falsos autónomos» y los «falsos becarios», que han tenido un «importante repunte» a la luz de los trabajos emergentes derivados de la aplicación de las nuevas tecnologías -trabajadores en y de plataforma digitales-.
Para combatir estos fenómenos, apunta que el marco laboral debe reformarse para reconocer la presunción de laboralidad en todos los casos. En relación a la regulación de los autónomos, debe suprimirse la figura del TRADE porque «favorece este tipo de prácticas y por su rotundo fracaso».
El sindicato reclama un amplio estudio para conocer la dimensión que alcanza esta nueva forma de trabajar en España, establecer un registro público en el que las plataformas digitales que operan en España tengan obligatoriamente que registrarse y regular la transparencia de los algoritmos en los que se basan, así como el uso que hacen de los datos que recopilan.
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