“Los ERTE estarán ahí siempre que sean necesarios. No nos gusta hablar de plazos”. Así de contundentes se muestran desde el Ministerio de Trabajo cuando hablan de los expedientes de regulación temporal de empleo, la que está siendo una herramienta imprescindible para contener la sangría de despidos a la que la crisis de la Covid-19 habría abocado al mercado laboral español.
Este cambio de postura respecto a la posición mostrada antes del verano podría hacer pensar que la mesa del diálogo social extraordinaria, a la que están convocados sindicatos y empresarios el próximo 4 de septiembre en Palma, debería ser el marco perfecto para sellar un acuerdo en el que todas las partes parecen coincidir. Pero si alguien en algún momento pudo llegar a barajar esa utopía, por aquello de que Baleares es la comunidad con más peso del sector turístico y este el que más reclama y necesita esa ampliación, ya se encargó el jueves Yolanda Díaz de enfriar expectativas. “No habrá acuerdo el 4 de septiembre”, aseguró en una entrevista.
Todo apunta a que, pese a que Gobierno, empresarios y sindicatos coinciden en que ampliar los ERTE es básico para evitar un desastre social, costará buena parte del mes de septiembre limar los detalles para conseguirlo. “Esto ya no va de fechas. Hay que ligar esa ampliación a la condiciones sociales y económicas derivadas de la pandemia e incluso para después de esta emergencia. Se trata de apuntalar las actuales condiciones ventajosas para empresas y empleados que han permitido que funcione hasta ahora”, asegura Unai Sordo, secretario general de CC.OO.
La primera de esas condiciones que los sindicatos van a poner en la mesa de negociación es que la cuantía del subsidio que perciben los trabajadores incluidos en un ERTE se mantenga en el 70% de su sueldo y no se reduzca al 50% una vez pasados seis meses, como obliga la legislación actual. “Esto es una rémora de la reforma laboral que hizo el PP en el 2013 y debería desaparecer tanto para los actuales afectados por ERTE como para todos los trabajadores que están en desempleo”, reclama Sordo.
Pero todo apunta a que lo que se refiere a trabajadores en general y aspectos que afectan a los puntos más lesivos de la reforma laboral del Gobierno de Rajoy (ultractividad, prevalencia de los convenios de empresa, externalizaciones…), aunque siguen en la cartera de Gobierno y sindicatos, tendrá que esperar. “Son temas a los que no vamos a renunciar y esperamos que se aborden a lo largo del otoño, pero todavía ni se han convocado las mesas de trabajo claves para hacerlo”, apuntan desde UGT.
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