En el acto de apertura del año judicial, marcado por la pandemia, Carlos Lesmes, presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), advierte del «grave quebranto» que sufriría la Justicia si el órgano que dirige no se renueva. Por segundo año consecutivo, el discurso de apertura del año judicial de Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ha estado dirigido a los «poderes públicos» con una exigencia: renovar «sin mayores dilaciones» la institución ante la «seria anomalía» que supone que lleve en funciones desde diciembre de 2018.
Las llamadas a la renovación del CGPJ han marcado la tónica del discurso de Lesmes durante el acto de apertura del año judicial en el Tribunal Supremo, presidido por el rey, y que este año está marcado por las medidas de seguridad impuestas por la pandemia. Lesmes, que se ha dirigido al Congreso y al Senado en varias ocasiones con la misma finalidad, ha recordado que «es la propia Constitución la que fija en cinco años la duración del mandato de cada Consejo».
Además, el presidente del Supremo defendió que, mientras los partidos acuerdan su renovación, el órgano de gobierno de los jueces siga funcionando «con normalidad”, ya que la Justicia sufriría un «grave quebranto» si el órgano de gobierno paraliza su funcionamiento mientras se designa a los nuevos vocales. Como no podía ser de otra manera, la pandemia provocada por el Covid-19 y sus consecuencias han tenido un papel protagonista en las palabras de Lesmes. Así, ha señalado que la crisis del coronavirus puede ser el detonante de un cambio en la Administración de Justicia», a la que ha calificado como «ineficientemente organizada».
Lesmes ha apuntado como el COVID-19 ha provocado «importantísimas tensiones» en el orden legal de los Estados, que han llevado a la adopción de estrictas medidas, «sin parangón desde la Segunda Guerra Mundial, dada su repercusión sobre los derechos de las personas». En este sentido, el presidente del Supremo ha aprovechado para señalar que, «al margen de discrepancias políticas, quizás ahora ya sí sea útil un análisis sosegado sobre el contenido del estado de alarma decretado». Además, ha reclamado «una mayor claridad normativa» respecto de la adopción de medidas «tan restrictivas de la libertad».
Por su parte, Dolores Delgado, la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha precedido a Lesmes en el discurso de apertura del año judicial, ha aprovechado su discurso para anunciar que en los próximos días dictará una instrucción que aborde «el tratamiento por parte de los fiscales» sobre el tema de las «ocupaciones de morada», al que se ha referido como «fenómeno delictivo». Delgado ha comenzado su discurso con unas palabras de recuerdo y homenaje a las víctimas del covid-19, reconociendo la «lección impagable de responsabilidad y entrega» de la ciudadanía y reconociendo a los colectivos profesionales decisivos para afrontar la situación, en especial a los sanitarios.
Por otro lado, Delgado se ha referido a los principales hitos judiciales del pasado año, como el juicio del proceso independentista en Cataluña, que condenó por e sedición y de un delito agravado de malversación de caudales públicos. «Culmina así un proceso penal de especial trascendencia a todos los niveles, en el que los diferentes operadores jurídicos implicados han dado ejemplo de normalidad institucional y compromiso con el deber y la legalidad», ha manifestado.
Además, quiso señalar el especial énfasis que pone la institución que dirige en los delitos contra el terrorismo. «La dignidad mostrada a lo largo de los años por quienes hubieron de sufrir directamente la lacra del terrorismo, de cualquier signo, ha contribuido decisivamente al fortalecimiento de nuestro Estado de Derecho».
También ha querido destacar el papel de la Fiscalía en otro proceso especialmente relevante durante el pasado ejercicio, el del caso de ‘La Manada’. «Es importante destacar que es en 2019 cuando se ha resuelto el recurso de casación que interpuso el Ministerio Fiscal contra la Sentencia del caso conocido públicamente como ‘de La Manada’, en la que, como es sabido, se condenaba a los acusados por un delito continuado de abuso sexual con prevalimiento», ha explicado Delgado.
La fiscal general ha defendido la actuación del Ministerio Fiscal en este caso, apuntando que siempre ha sostenido «que los hechos enjuiciados se realizaron mediante una intimidación suficiente para anular la voluntad de la víctima, de donde se concluía que la calificación jurídica correcta era la de agresión sexual».
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