La polémica en torno a la decisión del Gobierno de decretar la habilitación parcial de los plazos procesales durante el mes de agosto ha experimentado un rebrote en los últimos días. El balance difundido por el Ministerio de Justicia la semana pasada, en el que señalaba que “gracias al esfuerzo de todos se ha mantenido una razonable actividad judicial”, ha vuelto a encender los ánimos de los profesionales.
Abogados y procuradores han mostrado su rechazo a una lectura tan optimista de la medida e insisten en que no ha servido para compensar el parón en los juzgados vivido durante el estado de alarma. Por el contrario, afirman que ha sido una decisión ineficaz que les ha privado de disfrutar de sus vacaciones en un contexto extremadamente complejo.
El departamento que dirige Juan Carlos Campo justifica su análisis en un informe que refleja un “uso intensivo” Lexnet en agosto. Pero para los profesionales del derecho lo único que demuestra el estudio es que ellos han seguido trabajando. Poco más.
“Ha sido una de las peores ideas desde que comenzó la crisis del Covid-19”, asegura Santiago González, presidente de la comisión de relaciones con la Administración de justicia del Consejo General de la Abogacía (CGAE), que lamenta que abogados y procuradores se hayan visto privados de sus vacaciones.
En esta misma línea, José Muelas, presidente de la asociación Red de Abogados, califica la medida como un “atentado” contra la conciliación familiar, en especial de quienes ejercen de forma independiente. El letrado explica que gracias al receso que se hacía en agosto, ambos gremios podían desconectar y atender asuntos personales. “Este año, en cambio, los que no pertenecemos a un gran bufete hemos estado pegados al ordenador, contestando escritos de todo tipo”.
Y es que, a pesar de que en la mayoría de los partidos judiciales no se han celebrado juicios ordinarios, algunos abogados relatan cómo muchos jueces no han respetado la recomendación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de notificar solo los trámites más urgentes y también han despachado asuntos menores.
Los procuradores también se quejan de haber tenido que atender resoluciones y comunicaciones que se emitieron a finales de julio y que contemplaban un periodo de alegaciones inferior a 20 días. “Hemos estado en vilo todo el verano por miedo a que se nos pasara algún plazo. Ha sido muy duro”, lamenta Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo de General de Procuradores (CGPE).
Tanto el CGAE como el CGPE se opusieron a mediados de año a la habilitación parcial de agosto y propusieron concentrar el periodo vacacional de todos los profesionales de la justicia en ese mes, a fin de que los juzgados funcionaran a pleno rendimiento a partir de septiembre. La Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados cedió finalmente, pero la rectificación no llegó a aprobarse a tiempo.
Lo peor es que, después de ver frustradas sus expectativas, los esfuerzos realizados por abogados y procuradores podrían haber caído en saco roto pues, tal y como apunta Luis Calero, portavoz de Justicia de CC OO, un 80% de los funcionarios han tomado vacaciones obligatorias en agosto y no ha habido apenas personal para organizar los escritos recibidos. “Paradójicamente no se ha podido adelantar tanto trabajo como otros años”.
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