Se quedan fuera de la regulación quienes tengan unas ganancias inferiores a los 2.000 euros, incluyendo el arrendamiento. El Consejo de Garantías Estatutarias, órgano que vela por la adecuación de las leyes a la Constitución y al Estatut, ve ilegal la normativa y el sector inmobiliario insta al Gobierno central a impugnarla. El Parlament de Catalunya aprobará este miércoles por la tarde una proposición de ley promovida por el Sindicato de Inquilinos que limitará las subidas de los alquileres en la comunidad autónoma.
Sobre las 15.00 horas, el Sindicato de Inquilinos y JxCat presentaron un acuerdo de última hora que han alcanzado, y que permitirá modificar levemente el redactado que la entidad había presentado. Se quedarán fuera de la limitación los pequeños propietarios que tengan unos ingresos mensuales de alrededor de 2.000 euros, incluyendo el alquiler que reciben.
La nueva norma nace con polémica ya que cuenta con la frontal oposición del sector inmobiliario. Además, los partidos constitucionalistas recuerdan que el proyecto nace con un informe negativo del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por la adecuación de la legislación autonómica a la Constitución y al Estatut.
Además, los partidos que rechazan la secesión (Cs, PSC y PP) recuerdan que el proyecto nace con un informe negativo del Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano que vela por la adecuación de la legislación autonómica a la Constitución y al Estatut. Según este organismo, la nueva ley invade competencias estatales.
El proyecto fue admitido a trámite con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP, aunque los neoconvergentes presentaron enmiendas. En su opinión, debían quedarse fuera de los límites los propietarios que tuviesen unos ingresos mensuales inferiores a 5,5 veces el Indicador de Renta de Suficiencia de Cataluña (IRSC); esto es, en los 3.130 euros al mes. Finalmente, este tope será de 2,5 veces el IRSC, esto es, «unos 2.000 euros incluyendo el alquiler», según concretó el líder del Sindicato de Arrendatarios, Jaime Palomera.
La normativa también incorpora el fomento de la rehabilitación en las construcciones más antiguas y también qué obras de mejora serían necesarias para poder incrementar las tarifas de los pisos. «Ningún contrato de alquiler podrá superar el precio del anterior contrato», ha asegurado Palomera, quien también ha concretado que en los casos en los que el arrendatario pague más que el precio medio de su zona, se incentivarán pequeños descensos.
Después de que el Consejo de Garantías Estatutarias considerase inconstitucional varios de los artículos de esta norma, Palomero ha dicho que depende de la «voluntad política» del Gobierno central el hecho de que esta ley acabe en el Tribunal Constitucional (TC). Precisamente, la posición del Ejecutivo de Pedro Sánchez puede generar tensiones en el seno de la coalición, por el apoyo que han prestado a la norma catalana los aliados de Unidas Podemos en el Parlament, los comunes.
La nueva regulación cuenta con la oposición frontal de Pimec y Fomento del Trabajo, así como del Consejo de Administradores de Fincas de Barcelona-Lleida, el Colegio Catalán de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria, la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Cataluña, la Asociación de Promotores y Constructores de Edificios de Cataluña (APCE) y la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona-Lleida. Todas estas asociaciones han arremetido contra la ley y han criticado la «falta de diálogo» con la Generalitat.
También exigió que el Gobierno impugnase esta norma y la llevase ante el TC la Asociación de Propietarios de Viviendas en Alquiler. En su opinión, fomentará la economía sumergida e implicará una reducción de la oferta de viviendas de alquiler si entra en vigor.
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