El Gobierno trata de reconducir la rebelión de buena parte de los ayuntamientos, que la semana pasada le llevó a sufrir su primera gran derrota parlamentaria y dejaba a los municipios sin armas adicionales para afrontar la pandemia. Ayer, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, confirmó que en las “próximas semanas” presentarán un nuevo real decreto que supondrá una inyección de unos 3.000 millones de euros para los municipios.
El decreto viene a sustituir en parte el texto legal tumbado hace unos días en el Congreso de los Diputados y recogerá, entre otras medidas, la suspensión de la regla de gasto. Sin embargo, no aborda la raíz del enfrentamiento: poder utilizar parte de los 15.000 millones de ahorros acumulados por las entidades locales en los últimos años. ¿La razón? Hacienda argumenta “falta de consenso” sobre los remanentes de tesorería y pide que partidos o alcaldes formulen “propuestas y soluciones alternativas” sujetas a la ley.
Con la suspensión de las reglas fiscales para los ayuntamientos, Hacienda flexibiliza las posibilidades de aumentar el gasto municipal este año, para poder invertir el superávit del 2019 y dedicar mayores partidas a contribuir a la lucha contra la crisis del coronavirus. De esta forma, los municipios tendrán capacidad para emplear parte o todo el superávit del año pasado (por ejemplo, en Barcelona fueron 64,7 millones de euros), teniendo como límite cerrar las cuentas del 2020 en equilibrio. La medida, puntualizan fuentes gubernamentales, solo está confirmada para este ejercicio.
Además de la suspensión de la regla de gasto –porcentaje establecido cada año de incremento máximo de los desembolsos, que solo se puede sobrepasar si viene acompañado en paralelo por una subida de ingresos; en el 2020, del 2,9%–, el nuevo decreto contempla otras medidas ya incluidas en el anterior texto legal. Se prorroga el uso del superávit del 2019 para inversiones financieramente sostenibles –ronda los 1.000 millones de euros– y permitirá concluir en el 2021 los proyectos de este tipo de inversiones, iniciados el año pasado y financiados con el superávit de 2018 –con un “impacto potencial” de 621 millones, según el ministerio–.
Asimismo, Hacienda promete conceder “mejores condiciones financieras para ayuntamientos con problemas económicos”. Son, defiende Hacienda, “las medidas más urgentes e imprescindibles para los ayuntamientos que ya fueron pactadas con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y que generaron aparentemente un mayor consenso”.
Precisamente ayer el presidente de la FEMP, el socialista Abel Caballero, aseguró que la junta de portavoces de la federación se ha mostrado “mayoritariamente receptiva” con el nuevo decreto y pidió que se le añada el fondo de transportes prometido para los ayuntamientos, de hasta 400 millones de euros para este año. Mientras, los alcaldes críticos con el fallido decreto ley hablaron directamente de una “rectificación” del Gobierno y exigieron avanzar más allá de la propuesta de Montero. El portavoz del PP en la FEMP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, aseguró que el paso de Montero “no es suficiente” porque no recoge fondos extraordinarios y deja fuera “lo esencial”.
En su momento, la FEMP apoyó la anterior iniciativa de la ministra de Hacienda solo con los votos a favor de los alcaldes del PSOE. La oposición de ediles de todo el arco político se centró en rechazar la obligación de prestar al Estado los 15.000 millones de remanentes que acumulaban para que los municipios se pudieran repartir en dos años hasta 5.000 millones de euros de un fondo no reembolsable. Esta fórmula, que concedía a la Administración central quince años para devolver las partidas cedidas con intereses, fue tachada directamente de “confiscatoria”. De nada sirvió que, a última hora, Montero prometiera que 3.000 de los 5.000 millones se repartirían teniendo solo en cuenta la población de cada municipio y no limitándolo a los ayuntamientos con las cuentas saneadas.
Caballero urgió ayer a que el nuevo decreto ley salga cuanto antes, porque es necesaria “una normativa” para que los ayuntamientos puedan usar el superávit. “Estamos a cero”, aseguró.
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