Los responsables técnicos del Ministerio de Trabajo y de las patronales CEOE-Cepyme y los sindicatos CC OO y UGT han cerrado finalmente en la tarde de ayer lunes un preacuerdo para regular el teletrabajo. Está previsto que el texto sea ratificado mañana a primera hora por las organizaciones sindicales y empresariales y para que, después, reciba el visto bueno del Consejo de Ministros a mediodía, según han confirmado distintas fuentes de la negociación.
Se trata de un preacuerdo que se ha alcanzado a contrarreloj debido a la prisa que tienen en Trabajo por aprobar esta normativa, debido a que hoy mismo vence la regulación que se aprobó el pasado 17 de marzo para frenar la pandemia de Covid-19 que declaraba el “carácter preferente” del teletrabajo en las empresas.
Actualmente, la ley española no desarrolla legalmente el trabajo a distancia ya que solo menciona su existencia en el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Por ello, si no se aprobara esta norma –que debido a la urgencia de la situación tendrá forma de Real Decreto-Ley– existiría un cierto vacío legal para todos aquellos que sigan teletrabajando por motivos del Covid-19.
Aunque la norma, que entre otras novedades recoge la obligación empresarial de costear los gastos del teletrabajador, será de obligado cumplimiento desde su publicación en el Boletín Oficial del Estado, también incluye algunas excepciones en su aplicación. Así, por ejemplo, las empresas que hayan optado por teletrabajar como medida de contención sanitaria por la pandemia de Covid-19 y no como decisión organizativa, no tendrán que formalizar el acuerdo de teletrabajo que obliga a firmar esta ley a la empresa y al trabajador.
El texto, a falta de conocerse los últimos cambios de redacción, indica que en dicho acuerdo que deberá formalizarse por escrito (salvo el teletrabajo por Covid) se incluyen horarios, reglas de disponibilidad y de prevención de riesgos, pero también “el inventario de los medios, equipos y herramientas que exige el desarrollo del trabajo a distancia concertado, incluidos los consumibles y los elementos muebles”. Asimismo, este acuerdo debe incluir “la enumeración de los gastos, que pudiera tener la persona trabajadora (…) así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio colectivo de aplicación”. Si bien la redacción de esta excepción legal en el último borrador dejaba la puerta abierta a que las empresas pudieran eludir los costes del teletrabajo por la pandemia, por lo que su redacción final determinará esta posibilidad o no.
Además, la nueva norma se aplicará a todos los trabajadores que teletrabajen al menos el 30% de su jornada. Con este porcentaje, la patronal ha conseguido dejar fuera de esta regulación, por ejemplo, a todos los empleados que teletrabajen solo un día a la semana (20% de la jornada) como medida de flexibilidad laboral.
La ley también “garantizará tanto el derecho voluntario del trabajador a teletrabajar como su derecho a volver si así lo quisiera, a realizar su trabajo de forma presencial”, según destacaban ayer desde UGT.
Dicho todo esto, las empresas que ya tuvieran regulado el teletrabajo en sus convenios colectivos de referencia sin límite de caducidad, podrán seguir con lo pactado durante un año. Desde la patronal han defendido tanto esta medida como la de no formalizar el acuerdo en el teletrabajo por el Covid para que no se genere un caos burocrático ni se tengan que abrir en canal los convenios ahora.
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